El presidente de la Diputación de Castellón puede ser juzgado por un jurado popular tras seis años de instrucción
02 jun 2010 . Actualizado a las 02:00 h.El juez de primera instancia e instrucción número 1 de Nules (Castellón) acordó, tras seis años de instrucción, transformar en procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado las diligencias previas abiertas contra los 13 imputados del denominado caso Fabra, que afecta al presidente de la Diputación y del PP castellonense, Carlos Fabra, y a su ex esposa, María de los Desamparados Fernández.
Según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el instructor entiende que, «en principio y a la espera de su calificación final, los hechos presuntamente cometidos por los imputados serían constitutivos de los delitos de cohecho y tráfico de influencias, propios de la competencia del Tribunal del Jurado».
De acuerdo con el juez instructor, a estos delitos se deben sumar otros conexos en lo que a Fabra y su ex esposa se refiere, que son los relativos a la hacienda pública, en concreto el fraude fiscal. Esta «conexidad ya fue declarada expresamente por la Audiencia Provincial de Castellón el 24 de enero del 2006», según el Tribunal Superior valenciano.
El juez fechó la comparecencia prevista en la Ley del Jurado para concretar la imputación, solicitar el sobreseimiento o pedir que se practiquen nuevas diligencias de investigación para el próximo día 25. El acto, al que deberán acudir los 13 imputados con sus respectivos abogados, se celebrará en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Nules.
Tras esta comparecencia, el juez decidirá si abre juicio oral y en qué fecha se celebrará. De esta manera, el presidente de la Diputación de Castellón se queda a un paso de sentarse en el banquillo por delitos contra la Administración pública (cohecho y tráfico de influencias) y contra la hacienda pública (en concreto fraude fiscal).
Cifras millonarias
La causa contra Fabra se abrió después de que un empresario, Vicente Vilar, lo acusara de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. Estos se centraban en la mediación del dirigente del PP para tratar de agilizar autorizaciones oficiales para la fabricación de productos fitosanitarios. Al margen de este caso, Hacienda investigó una denuncia contra Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta de 1999, aunque en el procedimiento se terminó investigando las cuentas del presidente castellonense desde ese año hasta el 2004. En relación con esta causa, un informe de los ingresos del dirigente y de su esposa, realizado en la investigación judicial, apunta a que ingresaron, a través de cuentas corrientes personales o familiares, 3,6 millones de euros sin justificar en seis años.
El informe pericial reveló que el presidente de la Diputación de Castellón cometió al menos cinco delitos fiscales durante ese período. Según los datos de los inspectores, el dirigente del PP dejó de ingresar a Hacienda unos 900.000 euros en esas fechas, mientras que su ex mujer está acusada por otros cuatro delitos más al no abonar a las arcas públicas alrededor de 800.000 euros.
Tras esta decisión toman forma dos de las tres causas pendientes con la Justicia que tenía Fabra. Mientras el juez de Nules ve serios indicios de que el líder del PP castellonense haya cometido varios delitos contra la Administración pública y fraude fiscal, el pasado febrero la Audiencia Provincial exoneró a Fabra de su imputación por falsificación en documento público, en la conocida trama de los cuños falsos del Ministerio de Agricultura. El pasado marzo, Fabra, por cuestiones de salud, delegó sus funciones en el vicepresidente primero de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez. Posteriormente fue sometido a un trasplante de hígado. En estos momentos ya se encuentra en Castellón, recuperándose de la operación.