La Justicia valenciana resolverá si imputa al presidente autonómico, respaldado hace unos días por el líder popular
04 oct 2010 . Actualizado a las 02:15 h.De nuevo los mismos protagonistas, de nuevo el caso Gürtel. Catorce meses después de que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia decidiera archivar la causa contra Francisco Camps al no ver cohecho en el caso de los trajes -pese a que después el Tribunal Supremo ordenara reabrir la causa-, su presidente Juan Luis de la Rúa, en funciones desde hace más de un año, vuelve a ser el que decidirá el futuro político del presidente de la Generalitat valenciana.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Valencia, con De la Rúa a la cabeza, ya tiene encima de su mesa la parte del sumario del caso Gürtel que apunta, entre otros delitos, a la posible financiación irregular del PP regional. El magistrado y sus cuatro compañeros de sala tendrán que resolver si deciden imputar a Camps por asuntos que van más allá de los trajes y del cohecho pasivo. Una situación que dejaría no solo a Camps en situación comprometida, sino también a Mariano Rajoy.
El líder popular y su número dos, María Dolores de Cospedal, tras muchos meses de dudas, se han mojado en público y han dado su aval a Camps para que sea de nuevo candidato en las elecciones autonómicas del 22 de mayo. Ello, pese a que no es desdeñable que antes de esa fecha el presidente de la Generalitat tenga que sentarse en el banquillo de los acusados por el caso de los trajes, y en ese caso el partido opositor se vería en el brete de mantener la candidatura de Camps aun estando imputado o cambiar de aspirante.
En el mejor de los escenarios, Camps se podría enfrentar a una condena por cohecho pasivo al haber aceptado regalos de la red Gürtel, lo que conllevaría una multa económica; y en el peor, debería afrontar graves imputaciones como financiación irregular o un presunto delito electoral, que conllevan penas más graves además de inhabilitación para ejercer un cargo público.
«Escaloncitos»
Pero como ya se ha demostrado, para Camps hasta el rabo todo es toro. El barón popular ya vivió al filo de la navaja cuando el 6 de julio del 2009 el juez del Tribunal Superior de Valencia, José Flors, decretó la apertura de juicio oral contra él tras hallar indicios de delito en el caso de los trajes. Entonces, la presión política fue enorme, pero la reacción de Camps, tranquila y confiada. «Quedan uno o dos escaloncitos y toda esta cuestión tan absurda y estrafalaria habrá pasado», dijo entonces.
Dicho y hecho. Un mes después, la Sala Civil y Penal presidida por De la Rúa aceptó el recurso del presidente valenciano y decretó el archivo de la causa al no ver relación entre el pago de los trajes y la concesión de contratos a la red Gürtel. La balanza la inclinó el presidente de la sala, al romper la división entre el voto favorable del conservador José Francisco Ceres y el discrepante del moderado Juan Montero. Los otros dos componentes del tribunal no intervinieron.
Catorce meses después de aquella decisión, el foco vuelve a la sala y a su presidente De la Rúa, del que Camps llegó a decir en público que era «más que un amigo». El magistrado volverá a decidir el futuro político del presidente pese a su situación de interinidad. El Consejo General del Poder Judicial ha fracasado tres veces en su intento de sustituirlo. La última hace diez días, cuando los vocales no llegaron a un acuerdo pese a que todo parecía arreglado.