El control militar acaba el próximo día 15, pero USCA y Aena retoman mañana unas negociaciones en las que tendrán que nombrar un árbitro para dirimir sus discrepancias
09 ene 2011 . Actualizado a las 02:00 h.Desde que el pasado 20 de diciembre se retomara el diálogo entre los representantes del Ministerio de Fomento y la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), los avances en relación con la redacción del segundo convenio colectivo para la profesión han sido mínimos. Sin embargo, los controladores podrían darle mañana un impulso al atragantado proceso si sus asambleas ratifican el preacuerdo alcanzado el 23 de diciembre con el ente público Aena (Aeropuertos y Navegación Aérea, es decir, su empleador) sobre las negociaciones para consensuar un texto definitivo.
Según explicó César Cabo, secretario de Comunicación de USCA, los controladores deberán designar un arbitraje que, después, ha de ser pactado con la empresa antes del miércoles. «Si hay árbitro las negociaciones continuarán hasta el 31 de enero», dijo. Cabo detalló que, «después y hasta el 28 de febrero, los puntos sobre los que haya discrepancias serán desarrollados con la mediación del árbitro». Si, por el contrario, ambas partes no logran designar árbitro, el diálogo volverá a romperse. En tal caso, y bajo estado de alarma, USCA teme que Fomento imponga un laudo arbitral, y «hay rumores de que tienen uno en el cajón», afirma Cabo.
La resolución del conflicto no se vislumbra sencilla, ya que tras meses de conflicto la desconfianza es mutua. Mientras Cabo dice que espera que el preacuerdo con Aena «no sea solo un paripé» del Gobierno, fuentes de Aena manifestaron a La Voz su voluntad de «dialogar y llegar a un acuerdo».
Ante este panorama, la expectación en los controladores ante el fin del estado de alarma y la vuelta a las negociaciones es máxima, incluso hay algunos que han decidido no esperar al desenlace del conflicto y ya han solicitado excedencias para trabajar fuera de España, como en Alemania. Otros han pedido la rescisión de sus contratos. Pero expectación también tienen los ciudadanos, que temen que al acabar la militarización los controladores vuelvan a «tener la sartén por el mango» y puedan protagonizar un caos como el del puente de la Constitución, cuando estos abandonaron de forma masiva sus puestos de trabajo, cerrando el espacio aéreo español y dejando sin volar a 600.000 pasajeros.