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Ares denuncia a Telefónica ante el Ministerio de Industria por la falta de servicio en el municipio

La Voz

FERROL

06 oct 2007 . Actualizado a las 02:00 h.

El alcalde de Ares, el socialista Julio Iglesias, remitió ayer un escrito al Ministerio de Industria para denunciar las «infraccións e vulneracións de dereitos dos usuarios» que asegura que comete la compañía de telecomunicaciones Telefónica en la villa. El regidor municipal se encontró con la negativa de la empresa nacional a dar de alta a varios vecinos de Ares en el servicio de telefonía fija, lo que también afecta a los usuarios de Internet aresanos. Y es por esto que Iglesias incide en su denuncia en que Telefónica, «como prestadora do servizo universal de telefonía, ten a obriga de garantir a todos os usuarios finais que así o soliciten unha conexión á rede que permita a posibilidade de efectuar e recibir chamadas, ademais de permitir comunicacións de fax e datos a velocidade suficiente para acceder de forma funcional a Internet no prazo de sesenta días naturais dende a solicitude de alta».

No obstante, el alcalde de Ares considera que esta obligación «está sendo incumprida por parte da empresa de forma reiterada». Y así lo constata el registro de la recién creada Oficina Municipal de Información ao Consumidor (OMIC) con la entrada de numerosas reclamaciones de afectados sobre negativas y demoras «inxustificadas» relativas a las altas de línea.

Con esto, Iglesias espera que el Ministerio de Industria intervenga para ofrecer una solución a los vecinos afectados. Además, consideró importante la próxima entrada en la villa de la empresa de telecomunicaciones por cable R, que prevé comenzar las obras de implantación en Ares en los próximos meses.

Supuesto timo sobre el gas

La misma OMIC aresana ha detectado lo que consideran un «timo» referente al servicio de revisión en las instalaciones de gas. Operarios de empresas homologadas por la Xunta tratan de acceder a las viviendas para hacer revisiones en las que, sin ofrecer un presupuesto previo, acaban con facturas de 80 a 200 euros. De hecho, un informe de la Policía Local califica estas acciones de «timo en toda regra, pero con tintes de legalidade».