El expediente para la declaración de BIC de Ferrol Vello bloquea casi todas las opciones para tirar el inmueble
02 may 2009 . Actualizado a las 02:00 h.La promotora Jerpu, propietaria de la Fábrica de Lápices desde 1987, ha presentado una reclamación por responsabilidad patrimonial por 16,9 millones de euros contra el Ayuntamiento de Ferrol. La demanda, entregada en el Rexistro del Concello el pasado 24 de abril, exige la retribución de los «daños y perjuicios» causados por la «mala praxis administrativa» del Ayuntamiento, que le habría impedido materializar su proyecto para urbanizar la parcela que ocupa la fábrica.
La compañía presentó la reclamación apenas unas semanas después de que se iniciase el expediente para declarar Bien de Interés Cultural, con categoría de «conxunto histórico», el barrio de Ferrol Vello.
En la zona de cautela del BIC
Según confirmaron fuentes del Concello, la fábrica está situada en el «área de cautela» de la zona afectada por esa declaración, y estaría sometida a unas restricciones similares. Es decir, todas las obras de parcelamiento, derribo o edificación deberán ser tuteladas por la Consellería de Cultura, que solo admitirá las que estén motivadas por causas de «forza maior, interese xeral ou urxencia»; y aún en esos casos será preciso contar con la autorización de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.
El proyecto de Jerpu incluía tirar la antigua fábrica y emprender la construcción de dos bloques de viviendas, que sumarían 50 pisos y contarían con una zona verde de 650 metros. Nunca ha podido materializarse.
Primero la empresa tuvo que pleitear contra el Concello hasta que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dictaminó que el suelo de la parcela es «urbano consolidado», lo que abría las puertas a su urbanización.
Eso ocurrió en septiembre del 2004, pero no fue hasta enero del 2006 cuando el gobierno PP-IF inició la tramitación de una modificación parcial del plan general para «ordenar la parcela». Los cambios dividirían con una nueva calle la masiva parcela que ocupa la fábrica, eso permitiría distribuir el espacio de forma racional y llevar más luz natural a los pisos, lo que aumentaría su rentabilidad.
Los cambios de Evia
A punto de expirar el mandato PP-IF, el edil conservador Guillermo Evia incluyó en ese documento una reserva de 200 metros para usos dotacionales públicos, lo que permitiría salvar la fachada de la fábrica.
La empresa critica esa decisión en la reclamación presentada el 24 de abril ya que, asegura, «contradice abiertamente» la sentencia del 2004 del TSXG.
Tampoco se ejecutó ese proyecto. El nuevo gobierno PSOE-IU lo paralizó en agosto del 2007 por orden del ex concejal de Vivenda Miguel Reimúndez. Desde entonces nada se ha sabido del futuro de la fábrica, aunque la asociación vecinal de Ferrol Vello y el Colexio Oficial de Arquitectos (del que es integrante Miguel Reimúndez) e IU (donde militaba el edil) se oponen frontalmente a su derribo.
¿Qué ocurrirá ahora? Si no se producen novedades, la fábrica seguirá como está hasta que finalice el expediente de BIC de Ferrol Vello, que debe estar resuelto en un plazo de algo menos de 20 meses. En ese momento finalizarán las cautelas existentes en la actualidad, que impiden los parcelamientos, derribos y edificaciones; pero entrarán en vigor las que se recojan en el expediente y que podrían ser igualmente severas.
Una resolución judicial o un acuerdo empresa-Concello podrían interrumpir ese proceso. La posibilidad de un pacto parece compleja. En su escrito la compañía no descarta iniciar un proceso «para depurar una posible responsabilidad penal si es que no se alcanza una resolución satisfactoria para este conflicto». Después cifra los daños que le debería el Concello en 16.917.100 euros. La segunda fase del puerto exterior costó 25.