El Ministerio del Interior ha confirmado a la familia de Miguel Ángel Sánchez Bouza, el joven empleado de la gasolinera de Laraxe que fue asesinado a tiros la noche del 23 de febrero de 1999 y todavía sin aclarar, que la investigación será reabierta. Tras sus quejas por la paralización de la pesquisa, el jefe de gabinete del ministro Alfredo Pérez Rubalcaba les informa de que un agente de la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña se pondrá en contacto con ellos para informarles de los últimos avances.
Su hermano Pedro y el resto de la familia están convencidos de que fue un asesinato en toda regla y no un robo que desencadenó luego el homicidio de Miguel. Tenía 27 años cuando recibió tres disparos de pistola, el último a modo de tiro de gracia en la cabeza para que no hubiese dudas de que querían matarle. El autor o autores del crimen recogieron luego los casquillos, para no dejar pruebas, pero no hallaron uno que quedó oculto tras la estantería de la oficina de la estación de servicio, donde se cometió el crimen. Así se supo que el arma utilizada es del calibre 9 milímetros Parabellum. Hubo también un testigo, un conductor que llegaba a repostar y que vio salir un turismo a toda velocidad, si bien de poco sirvió. Este hombre, que encontró todavía con vida a Miguel, fue quien dio la voz de alarma.
Sobreseimiento provisional
La investigación, a cargo de la Guardia Civil, quedó estancada a los pocos meses. Ni la pista del casquillo ni la del automovilista sirvieron para dar con los criminales. Pero sí ha sido localizada en Canarias la que era novia de Miguel Ángel en aquellos momentos, que desapareció tras el suceso. Se cree que puede aportar datos importantes porque una de las hipótesis que se barajó siempre es que el asesinato tuviese algún tipo de relación con esta chica, aunque ella no fuese ni autora ni inductora. Fuentes de la propia Guardia Civil han informado de que la muerte de un conocido empresario de clubes de alterne de la comarca de Ferrol, en fecha reciente, ha sido otro golpe a la investigación porque algunos agentes estaban convencidos de que sabía cosas en torno al caso de la gasolinera, de las que no quería hablar. Falleció de cáncer. Miguel Ángel mantenía relaciones con una chica de estas barras americanas y alguien no quería que siguiese. Lo amenazaron primero y como continuó le mataron. Esta es otra de las hipótesis que se investigó.
Los hermanos de Miguel Ángel ha recurrido al Defensor del Pueblo para quejarse de lo que consideran paralización de las investigaciones. La oficina del Defensor les indicó que, siendo un caso abierto, tendría que ser su abogado personado en la causa el que tramite cualquier queja sobre la pesquisa incluso invocando su derecho a un proceso judicial «sin dilaciones indebidas», como establece la Constitución en su artículo 24. Recuerda también que las discrepancias con las resoluciones dictadas por los juzgados y tribunales de justicia en España «deben sustanciarse por las vías previstas en nuestras leyes procesales», es decir, en los mismos órganos jurisdiccionales.
Aunque el Defensor del Pueblo también le dice que, caso de presentar esta queja y no recibir respuesta del órgano judicial (un juzgado de Ferrol) entonces sí podría intervenir la institución.