El Gobierno rechaza la reforma legal que impediría votar a los emigrantes en las municipales

El Gobierno no comparte las propuestas del presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, del vicepresidente, Anxo Quintana, y de todos los grupos del Parlamento gallego sobre la necesidad de reformar la ley electoral para regular y acotar el derecho al voto de los españoles que viven en el extranjero, especialmente en las elecciones municipales y autonómicas. El Ejecutivo central rechaza esa posibilidad y se muestra partidario de que todas las personas que tengan la nacionalidad española disfruten de los mismos derechos, incluido el del sufragio en todos los comicios.

La cuestión cobra especial relevancia tras la inminente aprobación de la Ley de Memoria Histórica, que permitirá adquirir la nacionalidad a todos los hijos y nietos de españoles que viven en el exterior, con independencia de que sus progenitores hayan nacido o no en España. «No tengo previsto ni creo que sea necesario ningún cambio legal», respondió ayer a La Voz el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, respecto a la posibilidad de que se modifique en el futuro la ley electoral en lo que afecta a los emigrantes. La medida que permitirá hacerse españoles a los nietos de los emigrantes es consecuencia de la aprobación del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, impulsado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El ministro explicó que tras un período de preparación en los consulados en el extranjero, la medida entrará en vigor a partir del 2009, pero no contempló reformas de la ley electoral ni antes ni después de que se aplique.

Durante una comparecencia en Madrid junto al vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, Caldera afirmó que el reconocimiento de la nacionalidad a los hijos y nietos de españoles emigrados «es una gran conquista» en la que han «coincidido ambas fuerzas [en referencia al PSOE y al Bloque]». «Agradezco al BNG que haya cooperado en el Parlamento en la aprobación de esta ley», concluyó el titular de Trabajo.

Separar los debates

En la misma comparecencia, Quintana se felicitó por la extensión de la nacionalidad a los descendientes de españoles, que el BNG ha apoyado en todo momento, pero abogó por separar el debate sobre «los derechos que se puedan conferir a los ciudadanos» del debate sobre una «ordenación de la ley electoral». El vicepresidente de la Xunta recordó la reciente oferta de Touriño de reactivar la ponencia sobre el sufragio exterior para que Galicia fije una postura y «haga propuestas para la modificación de la ley electoral en lo que se refiere a la votación de los emigrantes» para planteárselas al Gobierno y al Congreso. Una propuesta que fue compartida por todos los grupos de la Cámara gallega.

El pasado domingo, el propio Quintana aseguró en una entrevista radiofónica que el BNG seguirá dando la «batalla democrática» para lograr la modificación de la ley. «A nosotros nos parece imposible que una persona que ni vive ni trabaja en Galicia, ni piensa hacerlo en el futuro, pueda decidir el alcalde del pueblo o el presidente de Galicia», señaló, al tiempo que apostó por que la emigración tenga una circunscripción propia y representación en el Estado. «Para nosotros es una cuestión importante, porque nos jugamos la credibilidad democrática del modelo electoral que impera en Galicia», añadió.

La pasada semana, Emilio Pérez Touriño admitió en el Parlamento gallego la necesidad «urgente» de promover un «debate a fondo» sobre la limitación del ámbito de participación electoral de los emigrantes para «sintonizar con la opinión democrática mayoritaria».

Una vez que entre en vigor en 2009 la disposición adicional de la Ley de Memoria Histórica que permite nacionalizarse a hijos y nietos de extranjeros, se estima que más de un millón de personas, entre ellas 150.000 descendientes de gallegos, podrían acogerse a ella y, si no hay reforma electoral, votar en las generales, municipales y autonómicas.

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