El Museo do Mar de Galicia no tiene licencia de ningún tipo pese a que sus obras arrancaron en 1993 y fue inaugurado en una primera etapa en el 2002. La infraestructura cultural ubicada en Alcabre, en Vigo, junto a Samil, ha operado en medio de una completa ilegalidad al no haber contado con la obligatoria licencia municipal de obra, como tampoco ha conseguido todavía los permisos de apertura, primera ocupación y actividad.
El vacío legal en el que ha estado navegando el museo dedicado al mundo marítimo gallego, proyectado en 1992, ha hecho que ni las obras que transformaron el antiguo matadero municipal en centro de exposiciones, ni las que ahora están a punto de culminar para reparar deficiencias surgidas tres años después de su apertura, hayan contado con los permisos expresos del Concello vigués.
Negligencia u olvido
«Es cierto que no existe licencia de ningún tipo que permitiese realizar las obras, pero no sabemos si alguien se olvidó de pedirla o pensó que no era necesario al tratarse de una parcela municipal», indica uno de los responsables de la fundación que rige el museo e integran Concello, Consellería de Cultura y Consorcio de la Zona Franca.
El compromiso adquirido en 1992 por el Ayuntamiento con la Xunta garantizaba la puesta a disposición de los terrenos y sus correspondientes licencias a la Consellería de Cultura, encargada de ejecutar inicialmente el proyecto. Los rectores del enclave cultural van más allá y reconocen que a día de hoy -a falta de un mes para que se cumplan los quince años del inicio del proyecto- ni siquiera las escrituras de propiedad del terreno están claras. Según integrantes de la fundación del museo, «los documentos acreditativos de la propiedad datan de 1887, cuando era una fábrica de conservas, y no coinciden con los límites que luego expuso el Concello y el Puerto», propietarios del solar donde ahora se asienta el museo abierto en julio del 2002 y cerrado en noviembre del 2005 debido a deficiencias estructurales.
Lo totalmente probado es que dos constructoras de primer nivel -como la desaparecida Malvar, y después Oreco-, dos arquitectos reconocidos internacionalmente como el fallecido Aldo Rossi y el gallego César Portela, tres Administraciones como el Ayuntamiento de Vigo (que albergó cinco alcaldes desde el 93), la Xunta y la Zona Franca e incluso el Banco Europeo de Inversiones, que adelantó fondos de la UE para el complejo, no repararon en la inexistencia de la obligatoria licencia de obra, que el Concello vigués sí exige en todas las construcciones que se hacen en la ciudad.
50.000 visitantes
«Quizás se pensase que la aprobación de la creación del museo por el pleno sirviese como visto bueno a las obras», tratan de justificar desde la fundación del museo, donde recalcan que el resto de las licencias sí fueron pedidas antes de su apertura en el 2002, aunque no fueron concedidas hasta ahora, cuando falta un mes y medio para su reinauguración y tras haber sido visitado ya por 50.000 personas.