La distribución de fondos en los convenios que las distintas consellerías firman con los concellos gallegos ha molestado a los populares, que se sienten discriminados en este reparto. El encargado de denunciar esta situación fue el secretario xeral del PPdeG, Alfonso Rueda, quien critica al Gobierno por incumplir sistemáticamente la Lei de Transparencia, en la que se insta a garantizar la ausencia de arbitrariedades. Según los datos elaborados por los populares con todos los convenios que las consellerías firmaron a lo largo del 2007 con los concellos, los municipios gobernados por el PP se llevaron el 20,27% de los fondos de Vicepresidencia, Política Territorial, Presidencia, Industria, Cultura, Sanidade y Medio Ambiente (6,8 millones en total). Los concellos en los que el alcalde es socialista se llevaron el 48,79% de los fondos (16,3 millones) y el 28,85% fue a parar al BNG (9,7 millones) -el resto fueron para ayuntamientos independientes-. El porcentaje que le toca a los populares (un 20,27%) choca con el porcentaje de ayuntamientos gallegos en los que gobierna, el 51,4%, frente al 32,4% en los que hay un regidor socialista y el 10,5% con alcalde nacionalista. Por consellerías, la más llamativa es la de Presidencia, en donde el 93% de los fondos se fueron a municipios gobernados por los socialistas y los del PP y el BNG se repartieron menos del 5%. En cifras llamativas le sigue Política Territorial, con casi el 80% del dinero de los convenios para ayuntamientos socialistas, y menos del 16% para BNG y PP juntos. Respecto a las consellerías nacionalistas, en Cultura el 60% de los fondos fueron para feudos del BNG, pese a que representan el 10,5% de las alcaldías. Los datos de Medio Rural y Vivenda, sin embargo, son totalmente opuestos. Pese a estar gobernados por el BNG, en la primera de ellas el 75% de los fondos fueron a parar a concellos del PP y, en la segunda, el 46%. En el primero de los casos, los populares esgrimen que se trata de acuerdos para desbroces y actividades similares que se conceden solo con solicitarlos. Desde Presidencia no han dado ninguna respuesta a estas acusaciones, que para Rueda concluyen que la Lei de Transparencia para la Xunta «é unha pura lei de apariencia».