Aragón y La Rioja no han fijado sus planes, pero critican la posición de fuerza de los catalanes en la negociación
24 abr 2008 . Actualizado a las 14:01 h.A un mes de que arranque la negociación sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, que tomará cuerpo en el próximo Consejo Económico de Política Fiscal previsto para mayo, la posición de partida gallega cuenta con más adhesiones en el Estado que la postura de fuerza adoptada por Cataluña y plasmada en su reforma de Estatuto, un documento que ya tiene el beneplácito del ministro Pedro Solbes.
Una consulta entre las 15 comunidades afectadas (excluidos el territorio foral de Navarra y el País Vasco), prueba que al menos ocho comparten las tesis de la Xunta. Andalucía discrepa en matices, como el peso de la inmigración, y Aragón y La Rioja no han fijado aún posturas. Cataluña y Baleares están alineadas en sus peticiones, contrarias a la posición gallega, pero coincidentes con muchos planteamientos de Madrid y Valencia.
Galicia pone en juego un modelo que no tiene en cuenta de partida las balanzas fiscales (defendidas por Cataluña), no limita la nivelación financiera a los servicios sociales básicos (educación, sanidad y prestaciones sociales), y que además introduce elementos de corrección como la dispersión o el envejecimiento poblacional, en un abanico de peculiaridades abierto a sugerencias de otras comunidades. Así valoraron las autonomías el esquema gallego:
Aguirre y Camps comparten reivindicaciones a la hora de sentarse en la mesa de la nueva financiación. Sus dos Gabinetes sostienen que ambas comunidades han dejado de percibir 5.400 millones desde el 2002 al no actualizarse el indicador de población. Hasta el pasado ejercicio, Madrid cree que tendría que haber percibido 2.901 millones más tras haber ganado en los últimos cinco años 936.363 habitantes. Valencia calcula que dejó de ingresar 2.476 millones tras crecer su población en 818.555 personas. Ambas autonomías piden que se valore también el peso de la inmigración ya que, a su juicio, resta capacidad recaudatoria y encarece los servicios.
Cataluña exige que el nuevo reparto se calcule solo sobre la sanidad, la educación y los servicios sociales, más o menos un 65% del total a repartir. El otro 35% lo deberían conseguir las comunidades por sus propios medios. Fuentes del departamento del conseller de Economía, Antoni Castells, matizaron que el peso de las balanzas fiscales en la nueva negociación podría ser «discutible». Pero aseguraron que solicitarán límites a los actuales criterios de solidaridad. Los catalanes también quieren establecer negociaciones bilaterales para cerrar parte del esquema de financiación. Sus tesis son compartidas por el Gobierno balear, que además pide que se considere su posición insular (algo que también exige Canarias ).
El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, se sumó a las tesis de Asturias y Galicia y mostró su disposición a crear un «frente común» para defender un modelo de financiación autonómica «solidario». Desde el Gobierno cántabro rechazan la tesis catalana de utilizar las balanzas fiscales. En la misma línea se manifiesta Castilla y León, dispuesta a compartir en la mesa de negociación los criterios defendidos desde Galicia. La comunidad extremeña no tiene modelo propio, pero los portavoces del Gobierno autónomo consultados confirmaron su oposición al uso de las balanzas fiscales y citaron el ejemplo de la central nuclear de Almaraz, que cotiza en el País Vasco, para pedir que el sistema tenga en cuenta el lugar donde las empresas ejercen su actividad, y no donde tengan la razón social, algo compartido también por Galicia. Por Ahora, Castilla-La Mancha no apoya criterios de otras autonomías, pero se opone al modelo catalán.
Fuentes de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de Murcia afirmaron ayer compartir las tesis gallegas de las necesidades de gasto y los sistemas de nivelación de la financiación. La Rioja y Aragón no han definido aún sus posturas, aunque ayer ambas afirmaron oponerse al uso de las balanzas fiscales.
Chaves apoya a Cataluña en los criterios del peso poblacional y la inmigración. Pero está con Galicia en la necesidad de no discriminar servicios y de introducir peculiaridades territoriales.