Cerca de trescientas empresas gallegas producen vertidos o emisiones a la atmósfera de forma controlada, ya que en la gran mayoría de ellas esta acción se ajusta a los parámetros establecidos por la autorización medioambiental estratégica. Unas 260 compañías ya cuentan con este requisito, una norma que adapta una directiva de la Unión Europea, mientras que en torno a una veintena, al ser firmas de nueva creación, deben añadir la tramitación del permiso a las demás gestiones para el inicio de su actividad. A ellas hay que sumar un pequeño número de empresas que no cumplieron con los plazos para solicitar la autorización, por lo que la Consellería de Medio Ambiente les abrió un expediente.
El caso más llamativo fue el de Frigoríficos Conchado (Fricosa), una firma cárnica establecida junto a la ría coruñesa de O Burgo, a la que el conselleiro Manuel Vázquez llegó a apercibir de cierre. Fricosa ya ha iniciado los trámites para contar con la autorización medioambiental estratégica. Otra empresa ubicada en las inmediaciones de la ría, Bunge Ibérica, también ha presentado un plan para adaptarse a la autorización: su propuesta, que está siendo examinada actualmente por técnicos de la consellería, contempla eliminar por completo las emisiones a la ría, según fuentes de Medio Ambiente.
Garantizar límites
La obtención de la autorización medioambiental estratégica garantiza que los vertidos -de aguas, por ejemplo- que realicen las empresas, o las emisiones de gases a la atmósfera, no sobrepasan los límites establecidos por la norma. Es decir, sus vertidos se realizan de forma controlada para evitar una amenaza contaminante para el medio ambiente. La autorización reúne en una sola normativa los criterios que se deben respetar para vertidos, producción de residuos y emisión de gases, cuando antes cada una de estas acciones requería un permiso específico.
Medio Ambiente estima que el seguimiento de estas trescientas empresas mediante la autorización le permite tener bajo control a las principales firmas gallegas que, por la actividad que desarrollan, son susceptibles de contaminar. Además de establecer unos criterios imprescindibles para la consecución del permiso, se realizará un examen anual para comprobar que no se incumplen los parámetros de la norma.
Entre esas trescientas empresas se encuentran todo tipo de actividades, desde granjas de tamaño medio, plantas de producción láctea o cerámicas, a grandes instalaciones industriales como la papelera Ence o la refinería de Repsol. Es el volumen de producción de las firmas, cuando superan unas determinadas cantidades, el que convierte en imprescindible contar con la autorización medioambiental. De hecho, algunas de las casi veinte compañías que se demoraron en los trámites y se les abrió expediente por ello desconocían que tuviesen que obtener la licencia. Desde la consellería se destaca la total colaboración de estos empresarios, que ya gestionan la petición de la autorización y el expediente quedará cerrado. Medio Ambiente también realizará inspecciones periódicas para verificar si el aumento de producción de una empresa hace necesario tener la autorización.