Una larguísima batalla judicial que cubre casi veinte años podría estar en su fase terminal tras la decisión adoptada días atrás por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que ordena al Concello vigués la demolición total o parcial del edificio conocido como Piricoto. Se trata de un inmueble rodeado de polémica desde su inicio por su proximidad al pazo Quiñones de León y a los jardines que lo rodean.
La licencia para construirlo fue concedida hace veinte años y provocó una gran protesta vecinal en la parroquia de Castrelos. Durante su construcción e incluso para obtener la licencia de primera ocupación se sucedieron las movilizaciones, pese a lo cual se ocuparon las 104 viviendas que incluye.
Más tarde, la reclamación de un grupo de vecinos logró una sentencia inicial de derribo del Tribunal Superior, que años después ratificaba el Supremo. A partir de ese momento se inició una segunda pugna que todavía no ha concluido sobre la ejecución de la sentencia. El Concello ha intentado por todos los medios evitar su cumplimiento ya que el edificio fue construido con licencia y forzosamente tendría que hacerse cargo de las indemnizaciones.
Sin embargo, el TSXG acaba de rechazar el proceso de restauración presentado por el Concello y ordena al concejal de Urbanismo «que en el plazo de un mes se inicien las actuaciones necesarias para la debida ejecución de la sentencia en orden a la demolición total o parcial del inmueble». El tribunal exige que en dicho plazo se redacte el correspondiente proyecto de demolición, del que deberá dar cuenta a la sala de lo Contencioso-Administrativo junto con las medidas que se vayan adoptando.
En un primer momento el Concello había propuesto al tribunal construir una pantalla verde delante del edificio para aislarlo del pazo de Castrelos. Esta iniciativa no fue aceptada por lo que el actual gobierno municipal planteó a los jueces de la incongruencia de derribar este edificio cuando el nuevo Plan Xeral permite construir otros similares o incluso de mayor altura en la misma zona.
Nuevamente la respuesta del tribunal ha sido que no cabe otro cumplimiento de la sentencia del Supremo que no sea demoler «una edificación ilegal».