La Fiscalía constata que la falta de coordinación impide obtener buenos resultados
22 mar 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Los casos de padres que se ven desbordados e incapaces de controlar a sus hijos y que recurren a la Administración a pedir auxilio no son asuntos anecdóticos. Tampoco son fenómenos reducidos al seno de familias desestructuradas o marginales. «Es algo tan común desde hace años que ya no nos resulta una novedad», confiesa el fiscal de menores de la provincia de Lugo, Jesús Álvarez. De hecho, los últimos estudios realizados por la Unidad de Investigación de Psicología Jurídica y Protección del Menor de la Universidade da Coruña (UDC) precisan que en Galicia un 12% de los menores de entre doce y dieciocho años sufren algún problema de conducta. El porcentaje, que coincide con la media española, se ha duplicado en tan solo cinco años. En ese abanico entrarían los que únicamente padecen un cuadro de indisciplina reiterada, los que precisan de algún tipo de tratamiento médico o psicológico o los que ya han incurrido en algún delito.
Los trastornos de conducta en menores existen, pero los recursos habilitados en Galicia por las diferentes administraciones no logran frenar un problema que, según los trabajos de ese departamento de la UDC, tiene cada vez más calado en hogares de clase media o alta. Los propios servicios de Benestar Social de la Xunta reconocen que los programas de que disponen están enfocados a reconducir a familias desestructuras, pero carecen de protocolos de actuación para el resto de casos. «Tendrían que pedir una solución personalizada», apuntan fuentes de ese departamento.
La falta de coordinación entre las consellerías de Sanidade, Educación y Vicepresidencia, de la que depende Benestar Social, es una de las razones que, a juicio del fiscal de menores de A Coruña, Carlos Mariscal, restan efectividad a los recursos existentes. A la Xunta es adonde la Fiscalía envía aquellos expedientes en los que determina la existencia de riesgo para el menor o el entorno. Esta solo puede actuar directamente cuando hay un delito. Un factor añadido que merma los resultados es el tiempo que tardan en resolverse este tipo de asuntos.