En Galicia abundan las construcciones declaradas ilegales y con orden de ser derribadas, pero aún siguen en pie y, en muchos casos, ocupadas. Los concellos suelen buscar afanosamente alguna vía para evitar las demoliciones decretadas por la Xunta o por la Justicia, que implicarían el pago de costosas indemnizaciones. Para «legalizar» estos edificios suelen aprobar un nuevo plan general o a bien recalifican el suelo. Si esto no funciona, retrasan las contestaciones, solicitan nuevos plazos o piden la inejecutabilidad de las resoluciones. Así, la amenaza de la piqueta se eterniza.
Es el caso de Vigo, donde hay más ejemplos de edificaciones ilegales con orden de derribo: las torres Ifer, las torres y el centro comercial de Finca do Conde, un inmueble y un hipermercado en la calle Jacinto Benavente, cinco edificios de apartoteles en Samil o 600 viviendas y 50 locales en Rosalía de Castro.
En Viveiro son 118 los pisos amenazados. El Superior declaró nulas en el 2003 las licencias de dos edificios de Lodeiro y ordenó tirarlos. El Supremo lo confirmó el año pasado, pero siguen en pie. Como los 54 chalés a pie de playa de Os Raeiros o los seis de una urbanización en Ameiros, todos en O Grove, con licencia para apartotel desde 1991, en el primer caso, y 1999, en el segundo. Ninguno de los dos fallos se ha ejecutado.