El Gobierno central recurrirá ante el Tribunal Constitucional un apartado de una ley autonómica del bipartito que legalizaba la situación de núcleos que no fueron reconocidos por la Ley de Costas de 1988. La decisión se tomó ayer en el Consejo de Ministros y arremete contra la disposición adicional segunda de la Lei de Vivenda de Galicia, impulsada por la nacionalista Teresa Táboas y que logró el apoyo de la Cámara autónoma. En un escueto comunicado, el Ejecutivo afirma que esta legislación gallega «contraviene lo establecido por la Ley de Costas». Concretamente, se incide en sus consideraciones sobre «la extensión de la zona de servidumbre de protección aplicable a los núcleos rurales del litoral existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la citada ley estatal».
Esta medida supone un duro varapalo para las aspiraciones de los vecinos y concellos afectados en tres provincias y que confiaban en que la normativa autonómica, aprobada este año, serviría para poner fin a una situación de incertidumbre jurídica. Además de Marín, con cinco núcleos litorales afectados por la Ley de Costas, estaba previsto que pudiesen beneficiarse del acuerdo de Vivenda los de Redondela, Gondomar, Vilaboa, A Illa de Arousa, Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Dumbría, Ponteceso y Malpica.
A la hora de valorar la decisión del Consejo de Ministros, desde el Gobierno central se expuso que la Ley de Costas prevé, con carácter general, que la servidumbre de protección deba tener una anchura de cien metros desde el límite del litoral. De esta forma, solo está permitido «de forma excepcional» que tenga una anchura de veinte metros. Esta última franja solo puede aplicarse a aquellos terrenos «que ya estuviesen clasificados como suelo urbano a la entrada en vigor de la normativa estatal de dicha ley, es decir, antes del 29 de julio de 1988».
Alcance de las excepciones
No obstante, en la Lei de Vivenda pactada en el Parlamento gallego se preveía que esta anchura excepcional de veinte metros se extendiese a otros supuestos urbanísticos, en relación a núcleos existentes antes de la legislación de 1988, pero que por diversas razones no habían sido reconocidos a tiempo. Desde el punto de vista de la Administración central, esta resolución «desvirtúa la Ley de Costas».
Según se aclaró en la comunicación pública del Consejo de Ministros, el recurso al Constitucional ha sido elaborado de acuerdo con informes de los ministerios de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, así como del de Política Territorial, y cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado.
Esta es la segunda vez que la intervención de la Administración central bloquea un intento emanado del Gobierno gallego para conseguir solucionar el conflicto de los núcleos costeros en los municipios mencionados. En la última etapa del Ejecutivo de Fraga, el entonces conselleiro de Pesca, Enrique López Veiga, firmó, pocos días antes de dejar la Xunta, un decreto por el que reconocía los polémicos núcleos. Este decreto fue recurrido por Costas, al considerar que se excedía en sus competencias, y su aplicación también fue suspendida por el departamento de la socialista María José Caride.
Otros intentos frustrados
El bipartito trató de buscar otra solución fracasada, aunque esta vez la vía ya se abortó en Galicia. Hace dos años se intentó conseguir una solución al problema acuciante presentado en Marín, donde hay más de 400 viviendas en los núcleos que Costas se resiste a aceptar y unos 50 expedientes de infracción urbanística. La causa de los problemas de Marín reside en su falta de PXOM y de que en 1988 el Concello no había finalizado el trámite de reconocer como suelo urbano a unos núcleos que, en el caso de Aguete y Loira, son varias veces centenarios. La Xunta probó con la revisión de oficio de las normas subsidiarias, pero el Consello Consultivo de Galicia rechazó la medida por defectos administrativos.