La Xunta desoye a los sindicatos y mantiene como no obligatoria la prueba en gallego al opositar

La Dirección Xeral de Función Pública mantiene su compromiso de suprimir la obligatoriedad de realizar una prueba en gallego en las oposiciones de la Administración, pese al rechazo sindical, prácticamente unánime.

En concreto, CIG, CC.?OO. y UGT, que engloban a trece de los quince miembros de la mesa sindical de negociación, han mostrado su oposición a esta medida, que la Xunta quiere incorporar como modificación de la Lei de Función Pública. El artículo 35 de esta norma establece que para promover el uso normal del gallego por parte de los poderes públicos de Galicia habrá que demostrar el conocimiento de este en las pruebas de acceso a las plazas de la Administración. Por ello, las bases de las convocatorias «establecerán que unha ou máis das probas do proceso selectivo se deberán realizar exclusivamente en lingua galega».

En la práctica, la prueba que se realizaba en gallego era de tipo test, que con este cambio en la ley pasará a ser bilingüe. El pasado viernes todos los sindicatos a excepción del CSIF se levantaron de la mesa de negociación ante la actitud de la Dirección Xeral de Función Pública, que calificaron de prepotente, intentando despachar con una convocatoria urgente con solo 48 horas de antelación un tema «de tanta trascendencia como é o da lingua», asegura CC.?OO.

El director xeral, José María Barreiro, convocó ayer de nuevo a todos los sindicatos de forma individual para conocer su postura sobre la modificación de esta norma, que sigue siendo, salvo en el caso del CSIF, de total oposición. De hecho, la CIG ni siquiera acudió, al esgrimir que el lugar de negociación es la mesa sectorial.

Francisco Núñez, de UGT, que criticó la actitud de la Xunta tanto en las formas como en el fondo, señaló al término del encuentro que la postura del Gobierno gallego es la misma que hace unos días, y defendió la inclusión de un examen solo en gallego «pensando en el ciudadano» y en el derecho que debe tener a que se le atienda en su lengua, en el caso de ser el gallego. El certificado que se exige para demostrar el conocimiento de la lengua de Galicia, añade Núñez, no es para nada capacitante, lo que dejaría indefenso al ciudadano. Ramiro Otero, de CC.?OO., añade que los propios responsables de la Xunta ven difícil ceder a las reivindicaciones sindicales «porque estaba dentro do programa eleitoral».

Alevosía

Fonte acusó al Gobierno del PP de actuar con alevosía al plantear un cambio de tanta trascendencia de forma urgente y de provocar un debate que no existe en la sociedad. Pese a que las tres principales organizaciones sindicales mostraron su malestar por el cambio en el artículo 35 de la ley, por el momento no han planteado ninguna medida conjunta de protesta.

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