Europa se dirige a un devastador invierno demográfico cuya tormenta perfecta se está desatando en Galicia. Y resulta inaudito que los gallegos estén entre los europeos menos alarmados ante el temporal, porque ni siquiera en los países donde existe conciencia del problema, y donde hace décadas que se tomaron medidas, se logran resultados convincentes. Resulta obvio, aunque conviene recordarlo: los socios de la UE con mejores tasas de natalidad y fertilidad son los que destinan más dinero a combatir la pérdida y el envejecimiento de población, levantando los obstáculos que hacen que los jóvenes se lo piensen antes de tener hijos: ayudas directas a nacimiento y crianza, rebaja fiscal, guardería, asistencia social, educación pública gratuita y de calidad, maternidad compartida, excedencia subvencionada, garantía real de conservación del empleo y las perspectivas profesionales de los progenitores que se acogen a ellas...
Todo eso lleva años en marcha en los Estados más concienciados, pero que a duras penas capean el temporal. En Irlanda, el tercer país que más gasta en esas políticas, nacen 18,1 niños por cada 1.000 habitantes, diez más que en Galicia. Su tasa de fertilidad es de 2,1 hijos por mujer (la gallega, 1,1), la más alta de los Veintisiete. Pero ni siquiera allí la población puede crecer a medio plazo, porque para que una comunidad crezca en una generación necesita más de 2,1 niños por pareja (el 0,1 cubre la tasa de mortalidad infantil).
Galicia y Luxemburgo
Tampoco Luxemburgo, que invierte 2.228 euros por persona y año en combatir la recesión demográfica, logra garantizar el relevo generacional. Ni Alemania, que destina 825 euros y tiene la natalidad más baja. De los 17 socios con cifras inferiores a la media de 488 euros anuales por habitante, 15 tienen índice natalicio por debajo de 1,5. España, entre ellos, y Galicia a la cola.
La relación entre gasto público y mejora de la natalidad y fertilidad es directa, aunque no exacta, ni proporcional, ni definitiva. Porque el declive demográfico se cimenta en una combinación de factores sobre los que las Administraciones no pueden intervenir con dinero, al menos con presupuestos exiguos. La solución requeriría una honda reformulación de las estructuras en las que se asienta el sistema.
El retraso de la edad de emancipación e incorporación al mercado laboral; el lastre del paro juvenil y femenino; la precariedad de los contratos en muchos sectores y sobre todo en las pymes; el éxodo rural; el precio de la vivienda; la discriminación de la mujer; la estigmatización de la inmigración; la falta de garantías efectivas para conciliar la vida laboral y la familiar... Son variables de un problema cuya complejidad tiene en Galicia un paradigma, ya que de todas las regiones de la UE, solo Asturias y Bucarest, en Rumanía, sufren una tempestad demográfica como la suya, que se fraguó paradójicamente en la fase de mayor prosperidad de su historia.
En 1981, cuando era uno de los territorios más desfavorecidos de Europa, Galicia alcanzó su población máxima: 2,81 millones. Casi 30 años después ha superado su aislamiento, ha multiplicado su renta, ha sentado las bases para el retorno de los emigrantes que la dejaron el siglo pasado, e incluso ha abierto sus puertas a una incipiente inmigración foránea. Resultado: 70.000 habitantes menos y una sangría pavorosa de 10.000 cada año, en un proceso que se acelerará a medida que los gallegos envejezcan y autolimiten más su capacidad reproductiva.
No queda mucho tiempo para adoptar medidas y revertir esa tendencia suicida. Y algunas son baratas y sencillas. Como dejar de considerar como un gasto lo que no es sino inversión en la propia supervivencia.