Marcial Dorado y otros presuntos narcos promovían una campaña para dañar la imagen del ex magistrado antidroga
15 jul 2009 . Actualizado a las 02:14 h.Juan Miguel Castañeda Becerra, coronel de la Guardia Civil con destino en Guadalajara, y Eugenio Fontenla Vázquez, funcionario del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en Vigo, están llamados a declarar hoy en la Audiencia Nacional como imputados en la causa que se sigue en el Juzgado Central número 3 contra Marcial Dorado Baúlde y otros por blanqueo de capitales. En el marco del proceso también se investiga una conspiración para desprestigiar al juez José Antonio Vázquez Taín y neutralizar así su labor contra el narcotráfico al frente del juzgado de Vilagarcía, campaña que estaría orquestada por el propio Marcial Dorado y otros presuntos narcos.
La citación se hace extensiva al propio Marcial Dorado y al ex guardia civil José Manuel Sánchez Zabala, ambos en prisión provisional por esta causa desde finales del pasado mes de marzo, y que habrán de prestar declaración ampliatoria.
El juez Fernando Grande-Marlaska tiene sobre la mesa desde hace una semana un amplio informe realizado por Aduanas con el análisis de la documentación intervenida el pasado 31 de marzo en el registro del domicilio de Sánchez Zabala en Espartinas (Sevilla), relacionada con una de las estrategias que supuestamente habían diseñado Dorado y Sánchez Zabala, su hombre de confianza, para desprestigiar las actuaciones policiales y judiciales desarrolladas tras la incautación del South Sea con 6.000 kilos de cocaína.
Dicha estrategia incluía una campaña jurídico-mediática contra Taín y Hermelino Alonso, coordinador regional del SVA en Galicia, con denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción canalizadas a través de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), y fue desvelada por La Voz el 2 de enero del 2005. La información de este diario apareció en un archivo informático intervenido en el domicilio de Sánchez Zabala bajo el epígrafe «Informe Rabat.Htm».
Nada más recibir ese informe, el juez dictó un auto en el que argumenta que de su lectura «cabe concluir que Sánchez Zabala, con el consentimiento de Marcial Dorado, utilizando entre otros, a Eugenio Fontenla (funcionario de Vigilancia Aduanera) y Juan Miguel Castañeda Becerra (coronel de la Guardia Civil), procedió a urdir una trama tendente a descalificar al entonces juez titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Vilagarcía, así como al responsable del SVA en Galicia, siempre con la voluntad precisa de deslegitimar las investigaciones policiales y judiciales del entorno de Marcial Dorado, entre las que se hallan las presentes». Aclara el auto que la trama consistiría en el uso «de documentos oficiales facilitados por los funcionarios públicos aludidos, quienes habrían recibido distintas contraprestaciones económicas».
Varios delitos
Concluye el juez que al tratarse de funcionarios públicos estos hechos podrían revestir el carácter de «un delito de integración en la mencionada asociación ilícita dirigida por Marcial Dorado, y otro de blanqueo de capitales, sin perjuicio -añade- de poder subsumirse en un delito de denuncia falsa, uno de infidelidad en la custodia de documentos y otro de cohecho». Marlaska acordó requerir de la Dirección General de la Guardia Civil copia de la denuncia contra Taín y Hermelino Alonso y sus documentos anexos, «que podría tener su origen en Marruecos y haber sido canalizada a través del guardia civil Juan Miguel Castañeda Becerra», así como un informe de las actuaciones desarrolladas desde la denuncia.
También ordena que la sucursal de Caixa Galicia en Sevilla facilite toda la información existente en relación con un pagaré [por 600.000 euros] librado con cargo a una cuenta, de la que se requieren todos los datos disponibles, incluidas personas autorizadas y movimientos realizados a través de esta.