El Califa, un coronel de prestigio al que recurrieron para enmascarar el origen de una denuncia falsa

J. Á. F.

GALICIA

16 jul 2009 . Actualizado a las 02:00 h.

Las dudosas relaciones del ex agente de la desaparecida Unidad Central de Investigación Fiscal y Antidroga (Ucifa) José Manuel Sánchez Zabala no eran un secreto para nadie en la Dirección General de la Guardia Civil, especialmente desde que sus jefes de entonces le encargaron que se «dejase querer» por Marcial Dorado para poder investigar así sus actividades ilícitas en el marco de la operación Coto.

Después de haber declarado en su contra en el juicio en el que Dorado fue condenado por cohecho, y haber enviado con posterioridad un informe a la Fiscalía exculpándolo, optó por colgar el uniforme y ponerse -junto a su esposa- al servicio de su antiguo investigado.

Más sorpresa causó en el cuerpo la imputación en estos hechos del Califa, apodo por el que era conocido el coronel de la Guardia Civil Juan Miguel Castañeda Becerra por ser oriundo de Tánger y haber estado destinado durante varios años como oficial de enlace en la Embajada de España en Rabat. Su padre llegó a jefe de protocolo de la Casa Real de Marruecos durante el reinado de Hasán II.

Vía Rabat

El prestigio social y profesional del Califa era bien conocido por su amigo Sánchez Zabala, quien, según se desprende de la documentación encontrada en su domicilio en la localidades sevillana de Espartinas, no dudó en recurrir a él para que desde Rabat hiciese llegar a la UCO (Unidad Central Operativa) un dosier sobre unas supuestas actividades ilícitas del Servicio de Vigilancia Aduanera en connivencia con el juez Vázquez Taín. Este, por aquellas fechas, había ordenado la detención de Marcial Dorado por su presunta relación con un alijo de 6.000 kilos de cocaína incautado a bordo del South Sea -actualmente pendiente de sentencia- y le había abierto la investigación por blanqueo, la que actualmente instruye Grande-Marlaska.

Ese dosier llegó a la UCO, casualmente, en una etapa en la que su máximo responsable, que no albergaba ni alberga duda alguna sobre la honorabilidad de Taín, estuvo ocho meses de baja por lesiones.

La denuncia fue presentada en la Fiscalía Anticorrupción y fue archivada tras la pertinente investigación sobre el juez vilagarciano y el coordinador del SVA en Galicia.