La gerencia de Urbanismo le otorgó ayer la licencia en diez segundos y evitó al Concello pagar 50 millones
31 jul 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Apenas diez segundos bastaron ayer a la gerencia de Urbanismo de Vigo para conceder licencia a un inmueble y acabar con una década de ansiedad de 180 vecinos por las sucesivas sentencias de derribo de sus viviendas.
El edificio en cuestión está situado en la calle Jacinto Benavente y acoge un gran centro comercial de juguetes.
La sentencia de demolición fue dictada hace una década y ratificada en el 2003 por el Tribunal Supremo, que anulaba la licencia. Desde entonces los vecinos vivían en vilo, pendientes de una posible solución, que ha llegado de la mano del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal al que se ha adaptado.
Pese a que en su día la licencia del Concello preveía la construcción de un edificio de siete alturas, en la práctica fueron superadas. También se había sobrepasado la edificabilidad, a la que se añadieron unos 14.000 metros cuadrados más de los previstos.
Con esta legalización el Concello de Vigo se libra de una indemnización que podría rondar los cincuenta millones de euros. Además, abre la vía a la legalización de otras 1.800 viviendas.
El abogado defensor de los vecinos, José Luis Barros Ferreira, confirma que después de tres años de trámites y de presión constante, el edificio ya es «legal e inderribable». Achaca todo lo sucedido a un error en la suma del coeficiente de uso residencial, mal calculado por el arquitecto y lamenta que el equipo jurídico municipal no lo defendiera en su día como debiera, lo que ha afectado a la calidad de vida de los vecinos.
Reacciones
Ayer el alcalde, Abel Caballero, achacó lo sucedido con el edificio de Jacinto Benavente y otros que se encuentran en la misma situación a «la deficiencia de los gobiernos de aquel año» y a un plan defectuoso. Curiosamente el Plan General de Urbanismo de 1993, que dio lugar a las sentencias de demolición, fue aprobado por un alcalde de su mismo partido socialista.
Sobre la posibilidad de legalizar el resto de inmuebles con sentencia de derribo, Caballero informó que los técnicos de la gerencia dirán qué edificios son legalizables y cuales no, a medida que vayan solicitando la licencia, aunque se negó a decir cuántos lo habían hecho hasta la fecha.
De la colina de Castrelos dijo, «no es subsanable porque lo decidió una sentencia» y de la Finca do Conde añadió que tiene una enorme construcción con un informe en contra de los técnicos de la gerencia «y además, se decía que el local comercial iba bajo suelo», matizó.
«El problema del edificio de Jacinto Benavente no era un problema de pelotazo, sino de tramitación; hay otros que fueron pelotazos, se dieron licencias sin informe técnico, ni aval y a lo mejor resulta que no son legalizables», concluyó.
Precisamente en este sentido se pronunció el portavoz del grupo municipal del PP, José Manuel Figueroa, quien tras congratularse de que se haya subsanado un error del Plan General de 1993 para acabar con la incertidumbre de los ciudadanos, advirtió que será un primer paso insuficiente si no se trata al resto de edificios de igual modo.
En realidad, su temor se refiere de forma implícita al hecho de que el alcalde solo solucione los problemas surgidos en la época de los gobiernos socialistas y deje sin resolver algún caso registrado durante la época del gobierno municipal del PP, como el de Finca do Conde.
Figueroa espera que no provoque la misma inseguridad el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal, aprobado hace un año.
Más optimista se mostró la portavoz del BNG en el Concello vigués, María Méndez, para quien la licencia concedida al inmueble de Jacinto Benavente abre una nueva vía para legalizar el resto de edificios con sentencias de derribo.
Como parte del gobierno municipal se felicitó por esta primera solución, aunque sea el caso más fácil de todos, ya que, dijo, la ejecución de la sentencia sería inasumible para las arcas municipales.