El colegio profesional de A Coruña detectó irregularidades tras advertir su nombre en el listado de las mutuas
06 ago 2009 . Actualizado a las 02:00 h.El supuesto médico de Vimianzo, imputado por un delito de intrusismo profesional tras ejercer 22 años sin estar titulado, realizó una sustitución en Dumbría antes de establecerse por cuenta propia. Según confirmaron ayer diversas fuentes de la localidad de Dumbría, Xan Ramón Fernández Garrido desarrolló su actividad en el pueblo durante un breve período de tiempo en el que el médico titular se encontraba ausente. Estos testigos no supieron concretar fechas, pero aseguraron que la citada suplencia se produjo en una época en la que el facultativo residió en la población y atendía urgencias las 24 horas. En cualquier caso, estos hechos fueron anteriores a la apertura de la clínica en la capital soneirana.
Sin embargo, ni esta actividad ni el trabajo continuado durante más de dos decenios despertó sospecha alguna hasta que, el pasado mes de mayo, decidió tomar cartas en el asunto el Colegio Oficial de Médicos de A Coruña (COMC). Este colectivo, según informó ayer en un comunicado, detectó que el ahora imputado aparecía en el cuadro médico de una aseguradora privada sin estar colegiado, tal como prescribe la ley. A raíz de este hallazgo, los responsables del COMC se pusieron en contacto con la compañía para conocer si el implicado les había presentado la correspondiente titulación, aunque, a día de hoy, todavía no obtuvieron respuesta. Por otra parte, la organización gremial consultó el Registro Nacional de Títulos para averiguar si Fernández Garrido se hallaba inscrito como licenciado en Medicina y Cirugía. El ministerio constató que, salvo error administrativo, no aparecía como titulado. Ante ello, el COMC puso los hechos en conocimiento de la Inspección Sanitaria y posteriormente solicitó la apertura del expediente sancionador pertinente. Al mismo tiempo, el pasado 7 de julio le fue remitido un requerimiento al interesado para «regularizar su situación», que no recibió contestación.
El presidente del colegio, Luciano Vidán, expresó su sorpresa ante lo sucedido porque le parece «inexplicable» que las aseguradoras pudiesen confiarle sus clientes al implicado sin pedirle el correspondiente título. También se mostró extrañado por que la consellería, que es la que tiene las competencias de inspección, no detectase las anomalías en tanto tiempo, cuando se podrían haber descubierto «con que cualquier funcionario mirase el listado de médicos de la guía telefónica».
En cualquier caso, Vidán insiste en que este tipo de casos son muy excepcionales y que su prioridad es colaborar con Sanidade «para ir todos de la mano y que el ciudadano pueda tener la garantía de que cuando acude a cualquier clínica está entrando en un centro que cumple con la legalidad vigente». El presidente de los médicos coruñeses espera que este caso sirva para que no se vuelvan a producir situaciones similares, y destaca que el colectivo, tantas veces tachado de corporativista, se dedica fundamentalmente a velar por el interés social.
Cuestión de política
El alcalde de Vimianzo, Alejandro Rodríguez, aseguró ayer en declaraciones a Radio Voz Bergantiños que sabía de la situación irregular de la clínica, pero que no intervino para que su actuación no fuese considerada como una venganza política, ya que el implicado dirigió la agrupación local del BNG y sigue ligado al partido.
«El, licenza da clínica non tiña, porque nós pedímoslle os papeis e non os trouxo. Eu non lla fun pechar para que non pensaran que era un tema político», aseguró el regidor, que tenía a miembros de su familia entre los pacientes que allí acudían. «Juan, que me perdone, pero coa saúde dun pobo non se pode xogar», añadió Rodríguez, quien también considera que los controles fallan, porque «é unha barbaridade que en 22 anos ninguén intervise cando tiña os seguros das mutuas e todo».
El implicado, con el que La Voz ha tratado de ponerse en contacto repetidas veces sin éxito, declara a partir de las once de la mañana ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Corcubión, donde deberá responder por los presuntos delitos de intrusismo profesional y falsedad en documento público.