Bruselas solo admite dos años de dilación para pagar los 244 millones de euros previstos de la línea Vigo-Oporto
26 nov 2009 . Actualizado a las 02:02 h.España y Portugal deberán gestionar con mucho cuidado el anunciado retraso en las obras del AVE a Portugal si no quieren perder las ayudas que la UE ha concedido al proyecto. Se trata de 244 millones de euros financiados con cargo a los fondos de la red transeuropea de infraestructuras de transporte y energía, una partida al margen de los fondos estructurales y de cohesión creada específicamente para sufragar actuaciones transfronterizas compartidas entre varios Estados miembros. La concesión de ese dinero se rige por normas muy estrictas, como la que obliga a comenzar los trabajos en un plazo nunca superior a los dos años desde su fecha prevista de inicio, a riesgo de perder la financiación comunitaria.
El pasado 12 de diciembre, la Comisión aprobó una subvención conjunta de 140,6 millones para Portugal y de 103,4 millones para España para estudios y obras del tramo de alta velocidad entre Vigo y Ponte da Lima, cerca de Braga. Esa cantidad representa el 25% de los más de 956 millones de euros en los que está presupuestado el tramo, y en el documento que regula la concesión, el Ejecutivo comunitario se reserva el derecho a anular las ayudas si las actuaciones para las que se concedieron «no se han iniciado en el plazo de dos años tras la fecha de inicio establecida».
Pasos previos
Las previsiones de Bruselas son que las obras terminen en diciembre del 2013, lo que permitiría ampliar el horizonte de su conclusión al 2015, tal y como ha anunciado el Ministerio de Fomento para los tramos españoles del proyecto, sin que se perdiera la financiación comunitaria. Pero, aún así, las ayudas podrían cancelarse en parte si se incumplen en más de veinticuatro meses los plazos comprometidos en los pasos previos a la puesta en marcha de la línea, como los estudios de impacto ambiental, las adjudicaciones, las expropiaciones, el inicio de las obras, los ensayos de seguridad o las certificaciones oficiales.
Además, el texto recoge expresamente que los «parámetros técnicos» del eje Ponte da Lima-Vigo deberán ser «compatibles con el tráfico mixto, de pasajeros y carga», lo que haría peligrar las subvenciones a los tramos portugueses si, tal y como ha advertido el Gobierno luso, la idea es no adaptarlos a la circulación de convoyes de mercancías.
Tanto para ampliar los plazos de ejecución como para modificar las características técnicas del proyecto, España y Portugal están obligadas a informar a la Comisión de sus intenciones. En ese caso, el Ejecutivo comunitario deberá estudiar la nueva situación, y adaptar a ella el montante de la ayuda inicialmente concedida.
Por otra parte, el PP pidió ayer la comparecencia del ministro de Fomento, José Blanco, para explicar el retraso de dos años en la conexión ferroviaria Vigo-Oporto.