Acometer todos los proyectos pendientes de la alta velocidad gallega elevaría el gasto a más de 9.250 millones
GALICIA
El gasto pendiente del Ministerio de Fomento en la red de alta velocidad a Galicia, incluyendo el tramo de acceso en tierras castellanoleonesas, rondaría los 9.250 millones de euros, aunque en principio entre el 2009 y el 2010 solo se comprometerán mediante licitaciones 4.678 millones, el dinero necesario para garantizar el acceso ferroviario central desde Olmedo (Valladolid) hasta Santiago. También se blindaría la finalización del eje atlántico, electrificación incluida, desde la capital gallega hasta A Coruña y Vigo.
Estas son las prioridades del protocolo del Obradoiro, bastante ambiguo con la conexión entre Ourense y Pontevedra-Vigo (1.456 millones), la prolongación del eje atlántico a Ferrol y Portugal (580 y 413 millones, respectivamente) y todavía con proyectos en marcha para replantear la conexión Ourense-Lugo (1.195 millones).
La cuestión es si en los tiempos duros que se avecinan se podrán acometer todas las inversiones previstas para conectar las principales ciudades gallegas o, por el contrario, se priorizará el eje central con forma de T que dibuja el pacto del Obradoiro suscrito por la Xunta y el Ministerio de Fomento. La racionalización de la inversión que ya se perfila en el acuerdo ha supuesto de hecho la suspensión o la demora de proyectos que estaban previstos en el Plan Galicia, como el AVE transcantábrico -que en cualquier caso se sustituirá por un ferrocarril de vía estrecha más rápido-, la conexión Monforte-Ponferrada -que se plantea como una mejora de trazado sin plazos- o la línea entre A Coruña y Lugo, totalmente desaparecida de la planificación.
Habrá que esperar y ver si, de la misma forma que se han caído estos proyectos subsidiarios para priorizar los troncales, se toman decisiones similares en el futuro que no serían bien entendidas en ciudades como Vigo, cuyos ciudadanos se verían obligados a subir a Santiago para viajar a Madrid -al menos durante algún tiempo- con la consiguiente pérdida de competitividad en los tiempos de viaje.
En principio, todos estos proyectos se encuentran en fase de tramitación administrativa y, por tanto, tendrían más riesgo de sufrir nuevos retrasos en un contexto de recortes.