Funcionarias de Teixeiro y A Lama muestran su rechazo a la ley de igualdad, que puede obligarlas a vigilar reclusos, cuando optaron a plazas para controlar mujeres
21 feb 2010 . Actualizado a las 02:00 h.Son funcionarias del servicio de vigilancia de Instituciones Penitenciarias, órgano ligado al Ministerio del Interior. Su labor es velar por la integridad de los reclusos, pero ahora en lugar de guardianas se sienten presas. Están atadas por una ley que, según dicen, no les deja desarrollar el trabajo al que optaron tras haber superado una oposición en cuyas bases aparecía que tenían que realizar una labor en módulos de internas. Pero la entrada en vigor, en el 2007, de la que fue la norma estrella del departamento que dirige Bibiana Aído, la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, cambió aquella condición al hacer que tengan que vigilar a personas de ambos sexos.
Lo hizo al incorporar una disposición adicional que elimina las escalas femenina y masculina en el cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias y sus funcionarios, unificando el mismo número de plazas para todos. Las faltas de respeto a las que están expuestas y el hecho, reconocido por las propias funcionarias, de que no están preparadas para mediar en altercados entre varones forman parte del abanico de consecuencias que arrastra la ley.
Muchas no lo están pasando bien. «Los hombres son como son y la presencia de una mujer en los módulos contribuye a que estén todavía más nerviosos de lo que es habitual». Es el relato de Berta Fernández, trabajadora en la pontevedresa cárcel de A Lama. Allí tiene que enfrentarse a escenas que no le son agradables. «No es la primera vez en los últimos meses en la que los reclusos están desnudos cuando haces la ronda, pero como la celda es su casa, realmente pueden estar como quieran. Claro, ves algo que no quieres ver, para nadie es agradable, aunque es un trabajo», comenta.
En Galicia el problema todavía está latente porque el número de funcionarias que hay en las cárceles de Teixeiro, en A Coruña; A Lama, en Pontevedra; Pereiro de Aguiar, en Ourense, o en las lucenses de Bonxe o Monterroso, no llega a la cantidad de sus homólogas del sur y el Levante español. Pero muchas afectadas por el cambio, que toca a toda España menos a Cataluña, ya se han puesto en pie de guerra. Algunas se han integrado en uno de los dos colectivos formados a nivel estatal, Adeip, con la intención de que el Gobierno recapacite y cambie la legislación. «A veces escuchas cómo gritan barbaridades. Puedes hacer la queja oficial, pero todo acaba quedando en lo que la Administración califica como una falta de educación», explica la funcionaria de Pontevedra. Lo peor, explica, es que ese tipo de insultos ocurren con frecuencia.
Cacheo
El cambio legislativo ha provocado, apunta Margot, otra funcionaria de la cárcel de Teixeiro, un efecto contrario al que pretendía porque no fue consultado con las implicadas. En este sentido, alega que el cambio les impide desarrollar la labor para la que fueron preparadas. Ahí pone el ejemplo de los cacheos. El reglamento penitenciario apunta que el cacheo «con desnudo integral se efectuará por funcionarios del mismo sexo que el recluso (...) para preservar la intimidad». Entonces, apunta, «no podemos hacerlo, ya que estarían violando el respeto del recluso».
La razón que ofrece es la que también alegaron las afectadas en un documento presentado en el Congreso de los Diputados. Aquel informe fue debatido en el pleno en junio del año pasado. El resultado fue negociar el tema entre el Gobierno central y los agentes sociales en unos meses. El plazo inicial ha acabado. Parece, cuentan las afectadas, que todo continúa igual.