El fiscal de menores de A Coruña cree que la solución del botellón pasa por la acción policial

Carlos Mariscal de Gante, fiscal delegado de la sección de menores de la provincia de A Coruña, habló ayer sobre temas tan conflictivos como el botellón o la violencia ejercida por menores en el programa Voces de A Coruña de Radio Voz. Pablo Portabales, director del espacio, planteó a Mariscal de Gante los problemas ocasionados por las reuniones masivas de menores para beber alcohol. El fiscal señaló sobre este tema que «evidentemente se puede hacer algo con el botellón». «Desde el plano administrativo hay ordenanzas municipales que regulan la utilización de espacios públicos y existe una prohibición legal para el consumo de alcohol por parte de menores. Lo que pasa es que no tomamos el problema en serio. En EE.?UU., por ejemplo, se considera un hecho gravísimo y puede dar lugar a un arresto».

Mariscal de Gante también señaló sobre el botellón que su erradicación pasaría por «una labor policial, que va más allá de que el botellón sea una manera de compartir el ocio». «Personalmente creo que también debería erradicarse de ciertos espacios públicos porque muchas veces no son los lugares apropiados», añadió.

«Sin embargo, el lugar no es lo más importante, sino el consumo de alcohol por parte de menores, ya que el alcohol es una droga y puede poner al menor en situaciones peligrosas. Es un tema de seguridad ciudadana», afirmó. Respecto al papel de los padres en la problemática, el fiscal explicó que «quizá también habría que adoptar una acción más contundente con los padres, porque tienen una responsabilidad y muchos se inhiben».

Violencia de menores

Otro de los temas que trató Mariscal de Gante en el programa Voces de A Coruña fue la violencia ejercida por menores de edad, un tema que ha vuelto a estar en el punto de mira de la atención pública después de que una menor presuntamente asesinase a otra en el ayuntamiento de Seseña. «Para bien o para mal, siempre que se producen casos de este tipo se vuelve a hablar de replantear la ley del menor, pero lo más importante ahí no pasa por reformar la edad penal. Lo que intenta la ley del menor es que, a mayor madurez del menor, tenga mayor grado de responsabilidad, y eso es lo que intenta regular la normativa que entró en vigor en el 2007, que distingue dos tramos de edad y los diferencia en cuanto a respuesta penal. El tramo que incluye los 14 y 15 años tiene un tratamiento distinto al de 16-17 años, que tiene una respuesta mucho más dura», explicó. «De nada valdría aumentar las medidas penales, sobre todo en casos de extrema gravedad, si lo que se persigue es la reeducación del menor. En la edad de 16 y 17 años, la medida máxima sería de ocho años de internamiento seguidos de cinco años de libertad vigilada. La clave de esta cuestión es que las medidas son revisables».

Respecto a las peticiones de endurecimiento de las penas que periódicamente solicitan algunas de las víctimas de delitos cometidos por un menor, Mariscal de Gante explicó que «la sociedad no está muy al tanto del trabajo que se realiza con menores. El menor es una persona en formación que por un defecto en esa formación, por una personalidad agresiva que se ha ido formando o por un mal momento, ha cometido un hecho grave».

«Desde el punto de vista de la víctima nunca le van a compensar el daño con la duración de una medida penal, y aunque desde el punto de vista social se pudiera pensar que sí, hay que tener en cuenta que la medida no solo tiene una finalidad retributiva: tú lo has hecho, tú lo pagas. Fundamentalmente, las medidas están dirigidas a la recuperación de la persona y su reinserción en la sociedad», añadió.

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