El ex alcalde de Gondomar deja sus cargos tras ser condenado por prevaricación urbanística
VIGO CIUDAD
El edil y diputado acata seis meses de prisión y siete años de inhabilitación
18 jun 2010 . Actualizado a las 02:16 h.El concejal de Gondomar y diputado provincial del PP Carlos Silva Mariño abandona la política tras ser condenado por la Audiencia de Pontevedra a seis meses de prisión y siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación urbanística.
El edil del mismo partido Ángel Gregores Méndez también deberá marcharse de la corporación con la misma condena porque formaba parte de la junta de gobierno que el 17 de enero del 2006 otorgó la licencia para la construcción de una vivienda a sabiendas de que era un acto ilegal porque no había ningún Plan Xeral en vigor.
La sentencia se extiende a los otros cuatro miembros de la comisión de gobierno de entonces y que hoy en día ya no forman parte del pleno. Uno de ellos es José Luis Mosquera Veleiro, a quien un jurado popular ha considerado culpable de tres delitos de cohecho y que actualmente se encuentra pendiente de una sentencia que fije las penas.
Todos fueron condenados en primera instancia por el Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo en diciembre del 2008 por un delito continuado de prevaricación, que recurrieron ante la Audiencia. Obviando un auto judicial dictado en noviembre del 2005 que anulaba definitivamente el planeamiento y que los técnicos municipales desconocían, continuaron dando licencias hasta mediados de enero del año siguiente.
La sentencia de la Audiencia que resuelve el recurso los ha absuelto del delito continuado porque solo ha podido probar que los regidores municipales conocían la anulación del planeamiento en un caso. Rebaja de 18 meses a seis el período de cárcel, que no tendrán que cumplir, y de ocho a siete años el tiempo de inhabilitación
El 17 de enero del 2006 la junta de gobierno se reunió para otorgar una licencia. La secretaria municipal había conocido la anulación del Plan Xeral el día antes de manos del alcalde y advirtió a los regidores locales de la posible irregularidad que podrían estar cometiendo si otorgaban el permiso. Aún así, concedieron la licencia. La beneficiaria fue la hija de un funcionario de Urbanismo del Concello. Las consecuencias fueron desastrosas para ella. El permiso fue anulado judicialmente años después y actualmente pesa una orden de derribo sobre la casa construida en la parroquia de Donas.
Carlos Silva comunicó al alcalde la sentencia a última hora de la mañana. Por la tarde, preparaba su carta de dimisión, que espera presentar hoy en el registro municipal. «No se acaba el mundo, solo la política, ahora me dedicaré a mi trabajo», manifestó a la salida de la casa consistorial.
El regidor, Martín Urgal, declaró ayer que desde el gobierno municipal acatan la sentencia y brindó al concejal condenado todo su apoyo personal.
El ex alcalde de Gondomar aún tiene otra causa pendiente con la Justicia. El mes pasado volvió a sentarse en el banquillo acusado de un presunto delito de falsedad documental por certificar cuando era alcalde viviendas ilegales para que sus propietarios las pudieran inscribir en el registro con apariencia de legalidad. La Fiscalía pide por este presunto delito dos años de cárcel y la inhabilitación para desempeñar cargos públicos.