La eficacia de la disciplina urbanística sigue condicionada por la falta de medios técnicos y económicos
19 jul 2010 . Actualizado a las 02:00 h.La falta de financiación de que adolecen los ayuntamientos impide ejecutar muchas órdenes de demolición de viviendas ilegales, y frena su efecto ejemplarizante, ya seriamente tocado por la lentitud de los procesos burocráticos y judiciales, la desidia política, la debilidad de los medios de control y una escasa cultura de urbanismo sostenible. «Un negro panorama para un país cuyos pueblos, especialmente en la costa, han sufrido un deterioro de imagen y patrimonio en ocasiones irreversible», coinciden abogados y urbanistas consultados. La preocupación por la disciplina ha llegado tarde, lamentan.
Esto se suma a la sensación de desprotección personal que genera el hecho de que unos edificios condenados a la piqueta se tiren -como sucedió con los chalés en el litoral de A Guarda- y otros sigan en pie -como el caso emblemático de O Piricoto, en Vigo-. Un sentimiento de agravio que impide al ciudadano ver con claridad que impera la igualdad de trato. La Justicia intenta evitar daños mayores, aduce Enrique Sánchez-Goyanes, doctor en Derecho Administrativo y especialista en urbanismo. «Hay sentencias que no se ejecutan porque se pondrían intereses mayores en juego», y enumera: el derecho a la vivienda, la confianza legítima de los adquirentes de buena fe cuando no sabían de la ilegalidad que pesaba sobre la propiedad... Cada caso tiene sus matices, advierte, y muchas veces la problemática es más compleja. «El Tribunal Constitucional -detalla- ha llegado a decir que hay casos en que la ejecución de una sentencia debe ceder ante derechos superiores. Por ejemplo, en el caso del embalse de Itoiz, donde impidió que se ejecutase la demolición». La solicitud de inejecución de una sentencia se basa en ese principio, y, subraya Sánchez-Goyanes, «tiene sentido si la ejecución puede ser perjudicial para los intereses públicos». El derribo de O Piricoto, en Vigo, obligaría a tales indemnizaciones que llevarían a la quiebra al Concello. Se causaría así un daño mayor: el Ayuntamiento dejaría de funcionar, decaería la prestación de servicios... Aunque nunca puede ser un-todo-vale, cosas que nacieron en la ilegalidad -añade- a lo mejor con un nuevo Plan Xeral, o una modificación, serían legalizables. La inejecución sería posible. «No tiene sentido derribar si luego se puede dar esa misma licencia para construir lo mismo. Y menos si hay que indemnizar. Sería un derroche. Aunque es verdad que puede darse la sensación de que es una injusticia que eso se tire y eso otro no», admite.
A Guarda
«Se para o Concello de Vigo demoler O Piricoto supón a quebra, non quero nin contar o que será para nós se temos que resarcir as 21 licenzas ilegalizadas polos tribunais», razona José Manuel Domínguez Freitas, alcalde de A Guarda. La estimación hecha por los vecinos afectados en la reclamación que presentaron supera los 7 millones de euros, «o que equivale ao orzamento anual da Guarda», resume el regidor, que asegura que particulares y municipio «seguen pelexando por se aínda logramos salvar esta situación», en la que ya han sido demolidas tres viviendas.
El presidente de la Fegamp, Carlos Fernández, ahonda en la reflexión y demanda una formación sólida para el funcionario. «¿Como chegan a construirse eses chalés? Agora as indemnizacións millonarias son case imposibles de afrontar. O alcalde actúa crendo que a situación é correctísima, baseándose nos informes técnicos, e logo lle chega un pau fortísimo. Isto nunca debería ter sucedido», lamenta.