La institución sostiene que la norma no solo «desprotexe» el idioma, sino que perjudica a sus hablantes
24 jul 2010 . Actualizado a las 10:58 h.La Real Academia Galega (RAG) presentó ayer ante el Tribunal Superior de Xustiza un recurso contencioso-administrativo contra el decreto 79/2010 de la Xunta del plurilingüismo en la enseñanza no universitaria. La institución ya había emitido en enero un informe que analizaba lo que entonces eran las bases sobre las que se modelaría la norma, una propuesta que los académicos consideraron «inconsistente legalmente e cuxo contido entra en contradición coa letra e o espírito da Constitución Española e co do Estatuto de Autonomía de Galicia». Los académicos han fundamentado el recurso en su análisis, que sostiene que el decreto infringe la normativa y la jurisprudencia al respecto y, además de cuestionar su coherencia legal, ponía en duda su contenido pedagógico y organizativo.
El secretario de la RAG, Xosé Luís Axeitos, confirmó ayer la presentación de un recurso ad cautelam ante el tribunal, de lo que fue informado 24 horas antes el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, por «motivos de transparencia e lealdade institucional». La Academia perfila ahora el argumentario jurídico que le requerirá el Tribunal con respecto al decreto. Los académicos trabajan sobre dos premisas fundamentales en su respuesta a la controvertida norma educativa. La primera es la observación de que «a lei non só non protexe, senón que cercena os dereitos de numerosos galegos, dos falantes». Este aspecto conformó el primer punto del pronunciamiento público que emitió la institución y que complementaba su informe: «[el futuro decreto] é inaceptable, pois supón un claro retroceso na protección e promoción do idioma galego en relación coa lexislación vixente e co estipulado no Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, aprobado por unanimidade en 2004 por todas as forzas integrantes do Parlamento».
El segundo argumento se basa en el reconocimiento jurídico y legal, estipulado por un real decreto, de la Academia como institución de obligada referencia en lo relativo al gallego y, como tal, debió participar en el proceso de elaboración del decreto, sin limitarse a una mera consulta, «como se fose outra asociación máis». Como se recuerda desde la RAG, «o seu papel non é só do corpus pasivo, como pode ser o léxico, senón que atinxe a cuestións como pode ser o ensino».
En círculos académicos se tiene la convicción de que el recurso «ten moitas posibilidades de que prospere». Además de la RAG, el Consello da Cultura y el Consello Consultivo de Galicia mostraron su oposición al decreto.