Insta al Gobierno a cumplir escrupulosamente la normativa que recoge la Ley de Normalización Lingüística.
14 oct 2010 . Actualizado a las 17:21 h.La Comisión de Cultura del Senado ha aprobado hoy una iniciativa por la que se insta al Gobierno a respetar y a cumplir escrupulosamente la normativa en materia de toponimia gallega que recoge la Ley de Normalización Lingüística.
La moción, presentada y defendida por el senador del BNG Xosé Manuel Pérez Bouza, ha salido adelante con la inclusión de una enmienda del PSOE y con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, salvo CIU, que no estaba presente en la Comisión.
En su exposición, Pérez Bouza ha denunciado el «destrozo total» que la Administración General del Estado hace a la toponimia oficial de Galicia, al incumplir flagrantemente las normas lingüísticas vigentes.
A pesar de que en algunos casos se han corregido esas «deformaciones», el senador ha insistido en que la Administración central sigue incurriendo «una y otra vez» en el uso de topónimos ilegales y ha puesto como ejemplo la página web del Ministerio de Cultura.
Orense, Santuario de Nuestra Señora de las Ermitas, Santa Cristina de Ribas de Sil, Villanueva de Arosa, La Estrada, Poyo, Tuy y Villa de Cruces son algunas de las «perlas» que, según Pérez Bouza, se pueden encontrar en el listado de Bienes Inmuebles de Patrimonio Histórico de la página web del Ministerio de Cultura.
En lugar de éstas, ha recordado que la toponimia correcta es la siguiente: Ourense, Santuario da Nosa Señora das Ermidas, Santa Cristiña de Ribas de Sil, Vilagarcía de Arousa, A Estrada, Poio, Tui o Vila de Cruces.
El senador del PSOE Manuel Fidalgo ha dicho que esta moción está justificada al señalar que el uso correcto de los topónimos es una muestra de respeto a los pueblos y a sus ciudadanos.
Tras la fijación de posturas, el Senado ha instado al Gobierno a que transmita las directrices precisas a todos los ministerios y organismos dependientes de la Administración del Estado para que respeten la toponimia oficial de Galicia en todas sus publicaciones.
También ha acordado pedir al Ejecutivo que realice cuantas actuaciones sean precisas para proceder a la completa actualización de la bases de datos públicas y para corregir los errores que las mismas presentan.