La Xunta sostiene con sueldo y sin tarea a 51 altos funcionarios que apoyaron al bipartito

Medio centenar de funcionarios cualificados -27 del grupo A1 y otros 24 del grupo A2- cobran su sueldo íntegro de la Xunta por hacer prácticamente nada, debido a que el departamento de Función Pública todavía no les ha asignado tareas concretas a unos empleados que ocuparon jefaturas de servicio o subdirecciones xerales con el anterior Gobierno bipartito, encabezado por Emilio Pérez Touriño. El PSdeG sacó este caso ayer a la luz para denunciar el «sectarismo» del Ejecutivo de Feijoo y el «despilfarro» de 2,5 millones de euros al año en salarios públicos.

La portavoz socialista en materia de hacienda, María José Caride, ya se encargó de poner este asunto sobre la mesa el pasado sábado, en el transcurso de la comparecencia parlamentaria de la conselleira Marta Fernández Currás, quien aclaró que al llegar al Gobierno, en abril del 2009, eran 130 funcionarios de libre designación los que estaban pendientes de reubicar y que, hasta el momento, se le había dado un puesto a 80.

Pero el PSOE volvió a sacar ayer la carta aprovechando el debate en pleno de una moción del diputado José Manuel Lage Tuñas relacionada con la Función Pública. «Acabamos de descubrir que teñen a 51 persoas sin nada que facer, asignándolle un soldo Nescafé», denunció el parlamentario, quien vio en esta situación «un claro caso de despilfarro» por parte del Ejecutivo de Feijoo, pues abundó en que estos funcionarios infrautilizados le cuestan a la Xunta 2,5 millones de euros al año, es decir, unos 10 millones de euros en el conjunto de la legislatura.

Asignación de plazas

El debate giró hacia estos derroteros cuando el portavoz socialista del área institucional defendía una moción, rechazada por el PP, en la que emplazaba a la Xunta a que antes del 30 de noviembre asignara su plaza al medio millar de opositores que aprobaron su plaza en los procesos convocados en el 2008.

El nacionalista Alfredo Suárez Canal pidió «un mínimo de sentidiño» en este asunto, tras admitir que sentía «vergoña» de tener que reclamar en la Cámara que se procediera al nombramiento de quienes hace meses aprobaron su plaza de funcionarios y se ven abocados a estar en su casa sin trabajar.

Por parte del PP intervino Antonio Rodríguez Miranda, quien eludió respaldar la iniciativa que avalaban el PSOE y el BNG con el pretexto de que «en un mes e medio» se podría asignar ya la plaza a los nuevos funcionarios, toda vez para que para entonces está previsto que concluya el concurso de traslados puesto en marcha por la Xunta. Miranda, sin embargo, pasó de puntillas sobre el caso de los 51 funcionarios cualificados que no tienen tarea desde hace 16 meses, un asunto al que respondió la Consellería de Facenda, que tiene las competencias en materia de Función Pública, con un argumento muy similar: que el caso de estos funcionarios «vai quedar solventado» una vez que se resuelva el concurso de traslados puesto en marcha.

«Moi ríxida»

En todo caso, el departamento que dirige Marta Fernández Currás puso de relieve que la Administración es «moi ríxida», aclarando que no se puede ubicar a estos funcionarios si no hay vacantes disponibles.

Lage Tuñas hiló con esta problemática puntual la reforma de la Lei de Función Pública que el Gobierno está tramitando en la Lei de Acompañamento de los Presupostos de la Xunta, y que en primera instancia pretendía promover el traslado forzoso de funcionarios. En cambio, Facenda negó ayer este extremo, al señalar que lo que pretende hacer con el cambio de normativa es dotar de «maior flexibilidade» a la Administración pública y poder así acordar una reordenación de personal para «aproveitar ao máximo os recursos humanos» y cubrir las necesidades de trabajo que haya con funcionarios.

De igual modo, el departamento de Facenda señaló que con el bipartito hubo «máis de cen funcionarios» sin plaza asignada durante cuatro años.

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