En las infructuosas negociaciones entre la dirección de Seaga y los representantes del comité, la Xunta llegó a ofrecer a los 113 veterinarios afectados por el ERE hasta 37 días por año trabajado, lo que equivale a un coste total de los despidos de unos 2 millones de euros. Medio Rural sostiene que el nuevo sistema de identificación del ganado, que es el que se sigue mayoritariamente en la UE, permitirá ahorrar a las arcas públicas unos 5 millones de euros. Una cifra que los veterinarios consideran muy exagerada. «Hay que tener en cuenta que ese dinero venía de fondos del Estado y que los ganaderos tendrán que pagar tasas», sostiene el colectivo. Los veterinarios acusan a Juárez de aniquilar un sistema de identificación animal puesto en marcha a raíz de las vacas locas, que aseguraba el control público de la sanidad animal desde el primer eslabón de la cadena.
El conselleiro, visiblemente molesto con este argumento, ha acusado a los veterinarios de emprender una campaña irresponsable que pone en juego la credibilidad y viabilidad de un sector que, a día de hoy, cuenta con garantías suficientes. Juárez sostiene que solo cambia quién le pone el crotal a la vaca.