Piden cuatro años de cárcel para el alcalde de Portas por declarar pagos inexistentes de su empresa
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GALICIA
El fiscal lo acusa de un delito de falsedad y otro contra la hacienda pública
11 ene 2011 . Actualizado a las 02:42 h.Cuando aún no se han cumplido los dos meses de la absolución de Roberto Vázquez de un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios, al alcalde de Portas, del PP, se le ha abierto otro frente judicial. En este caso, la Fiscalía de Pontevedra le imputa un delito de falsedad en documento mercantil, por el que solicita dos años de cárcel y 5.400 euros de multa, y un segundo cargo contra la hacienda pública, por el que pide igual tiempo de prisión y el abono de una sanción de trescientos mil euros.
En cuanto a la responsabilidad civil, el ministerio público sostiene que el regidor deberá indemnizar al Estado con 151.432 euros que se corresponderían «con la cantidad defraudada».
A este respecto, se afirma que Roberto Vázquez fue una de las personas que constituyó en el 2000 la empresa Pazos Souto 2000 Unipersonal, si bien un lustro más tarde «se transformó en unipersonal quedando como único socio y administrador» el acusado. Teniendo como objeto social la promoción inmobiliaria de viviendas con su construcción, reparación y conservación, el fiscal pontevedrés mantiene que en el ejercicio fiscal del 2005 presentó un declaración-liquidación por el impuesto de sociedades que «no obedecía a las reales operaciones económicas de la misma».
Caso Fuerteventura
En este sentido, sostiene que «los gastos fueron incrementados de forma injustificada, declarando unos gastos realizados por empresas que, en realidad, eran inexistentes». A este respecto se hace alusión directa a dos promociones de 77 viviendas en la isla de Fuerteventura, donde se declararon una serie de pagos a otras dos empresas que supuestamente nunca se consumaron.
De hecho, la acusación mantiene que Roberto Vázquez llegó a crear «las facturas y justificantes de pago emitidos [...] con la finalidad de disminuir la base imponible resultante».
El fiscal llega a esta conclusión tras confirmar que «ambas sociedades no podían haber realizado los trabajos que se dicen efectuados, pues desde el año 2002 carecían de trabajadores para poder realizarlos». A esto se suma que en los dos siguientes ejercicios, en el 2003 y el 2004, las firmas dejaron de «presentar declaraciones tributarias y de operaciones con terceras personas», mientras que un año después volvieron a presentarlas, si bien «exclusivamente mantienen relaciones comerciales con Pazos Souto 2000». Curiosamente, en sus declaraciones se recogen «unos gastos que cubren los ingresos que se dicen recibidos» por la empresa de Roberto Vázquez. Consecuentemente, «nada ingresan en la hacienda pública».
No acaban aquí las presuntas irregularidades detectadas por la Fiscalía. Así, el administrador de las dos empresas de Fuerteventura presentó la declaración del impuesto de sociedades de ambas del ejercicio del 2006 cuando había fallecido el 13 de febrero del año anterior, «por lo que no pudo presentarlas, firmando, en consecuencia, alguien por él».
El ministerio público pontevedrés añade que Pazos Souto 2000 participó en otras promociones «cuya contabilidad no era correcta». Se da la paradoja de que, en este caso, «la corrección beneficia a la obligada tributaria [la empresa] pues supondrá una disminución de la base imponible del impuesto». Y es que, en la promoción Villajuán, «se detectó la existencia de unas mayores existencias que las declaradas, lo que supone un mayor coste de venta».
La acusación pública concluye matizando que no se cuestiona que las obras no hayan sido realizadas realmente, «sino que no lo han sido por las empresas que se señalan como constructoras y a las que se dice haber abonado los gastos que posteriormente se deducen».