La mayor parte del peso de la trama recae sobre el alcalde de Cee, quien acumula el mayor número de cargos. Hay indicios -por los que fue detenido y quedó imputado- de que su papel fue determinante para que Daniel Ogando se llevara la obra de la Casa da Cultura.
El presupuesto de esa obra, unos 400.000 euros, obligaba a sacarla a concurso en un proceso público y abierto. Sin embargo, el gobierno local de Cee decidió fraccionar esa cantidad en dos para poder emplear otro tipo de procedimiento. La actuación se adjudicó por procedimiento negociado sin publicidad, una opción mediante la cual un ayuntamiento puede ofrecer un proyecto a tres empresas para quedarse con la mejor oferta. Existen de nuevo indicios -falta probarlos- de que el trámite administrativo se habría amañado para que Ogando se quedara con el contrato, presentándose otras dos ofertas firmadas por otros tantos empresarios con los que, presuntamente, se habría pactado que ofreciesen peores condiciones para evitar la competencia.
El pago
Poco después de la adjudicación, la empresa de Ogando habría hecho llegar el dinero -29.000 euros- al alcalde de Cee, quien presuntamente lo habría recibido en su domicilio.
La búsqueda de ese dinero motivó que la vivienda del regidor fuera la única registrada por la policía de entre todos los políticos implicados. Buscaron también en el coche de Vigo.
Los fondos no aparecieron, teóricamente porque fueron destinados al pago de actuaciones en las fiestas de A Xunqueira, celebradas en agosto en Cee, aunque tampoco apareció, por el momento, ninguna factura de esos abonos.
Todo apunta a que el representante de orquestas Jorge López, que se reunió en varias ocasiones con el alcalde, tanto en la casa del regidor como en el hotel de su familia en Ameixenda, fue quien ejerció de relaciones públicas para meter a Ogando en Cee.
En Mazaricos además del alcalde, José Manuel Santos Maneiro, cayó también en la operación la secretaria, Ana Reyes, quien fue puesta en libertad el mismo día de su detención -no llegó a pasar la noche en los calabozos de A Coruña-, presuntamente por su implicación en la adjudicación irregular de obras.
Con todo, la investigación se centra en los políticos y especialmente en los alcaldes. Al parecer, los funcionarios encargados de fiscalizar a los ayuntamientos permanecían al margen, en mayor o menor medida, de unas operaciones en las que las decisiones las tomaban los regidores. El alguacil de Mazaricos habría sido el mensajero encargado de recoger el sobre con el dinero.