El alcalde de Gondomar aparta a la secretaria del Concello de la gestión urbanística

Son encargadas de velar por la legalidad de los actos del gobierno de Gondomar, pero el alcalde les acaba de negar esa posibilidad. La última resolución firmada por el regidor del PP, Martín Urgal, ha levantado la polémica en este municipio del Val Miñor. Y es que tanto la secretaria general del Concello como la técnica de administración general han quedado relevadas y apartadas de informar, requerir o incidir en la tramitación de todos los expedientes de contenido urbanístico.

El gobierno local ha consignado en los presupuestos de este año una partida de 17.000 euros para que sea un abogado externo al Ayuntamiento, José Martínez Torea, el encargado de emitir informes jurídicos en materia de urbanismo y por un período de seis meses. El contrato menor por asistencia jurídica ya lo han firmado. El letrado cobrará 2.900 euros al mes por ejercer un trabajo de 25 horas semanales y con horario flexible, a pesar de que el Ayuntamiento dispone de personal para ello.

El regidor argumenta esta decisión en que no estaba conforme con las resoluciones de ambas funcionarias y porque también considera que están desbordadas de trabajo. Achaca también su decisión en la «ausencia dun bo organigrama, ou dunha mala organización e planificación, herdada de tempos atrás», según se justifica en el texto de la resolución. Las han llegado a culpar de perder subvenciones y de no tramitar adecuadamente los fondos del Plan E.

La decisión ha provocado un escándalo político en un Ayuntamiento salpicado durante los últimos años por delitos urbanísticos cometidos por miembros del gobierno y que terminaron en la inhabilitación de siete de los nueve concejales del PP de la anterior corporación,

Denuncia

El grupo municipal del BNG ha sido el encargado de denunciar públicamente esta decisión. Su portavoz, Antonio Araúxo, ha puesto el caso en conocimiento tanto de la Fiscalía como de la Subdelegación para que actúen por una postura que consideran que es ilegal.

Los nacionalistas están convencidos de que esta maniobra no tiene otro objetivo más que pagar «informes a la carta» para justificar actuaciones de dudosa legalidad que no pasarían por el filtro de los funcionarios independientes del Concello.

Terreno pedregoso

El ex alcalde Carlos Silva advirtió ayer de que los responsables municipales se meten en un terreno pedregoso que puede perjudicar a los vecinos, puesto que las licencias urbanísticas que no cuenten con los informes preceptivos de los funcionarios de alto rango serán nulas de pleno derecho. Antonio Araúxo compareció ayer públicamente para lanzar una llamada de socorro desde la sede del Bloque e implorar a que «alguén faga algo para evitar estos desmanes».

Este caso forma parte del enfrentamiento del gobierno municipal con las dos funcionarias afectadas y que se hizo público el año pasado después de que el concejal de Urbanismo leyera en un pleno un escrito desprestigiando a la secretaria.

---

---

---