Las dos funcionarias apartadas del urbanismo lo denuncian ante el fiscal
29 mar 2011 . Actualizado a las 06:00 h.El alcalde de Gondomar, Martín Urgal, declaró ayer que el veto a la secretaria municipal y a la técnico de administración general en materia urbanística responde a la necesidad de otorgar licencias de obra en el municipio que generen empleo.
El regidor del PP reconoció que la polémica medida que han adoptado responde fundamentalmente a que desde el gobierno municipal no están de acuerdo con que estas funcionarias informen negativamente sobre los permisos de obras. Por ese motivo han puesto la gestión urbanística del Concello en manos de una asesoría externa que cobrará 17.500 euros por emitir informes durante los próximos seis meses. «Cuando yo permito arreglar un tejado o hacer una casa sé que estoy generando como mínimo seis puestos de trabajo y eso me importa más que lo que digan los funcionarios», manifestó ayer Martín Urgal, para quien la decisión de apartar a la secretaria del Ayuntamiento de los asuntos urbanísticos es «inamovible».
Las dos funcionarias afectadas por esta decisión han denunciado al alcalde y al edil de Urbanismo ante la Fiscalía, a la que han pedido que abra una investigación para determinar el motivo por el que desde el gobierno municipal se están poniendo trabas a las obligaciones que tienen asignadas de informar y dar fe de las resoluciones que se emiten desde la junta de gobierno. También desde la oposición del BNG se ha reclamado tanto a la Fiscalía como a la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra que se impliquen en la búsqueda de una solución que garantice la legalidad de la acción municipal para no perjudicar a los vecinos.
Tanto la secretaria como la técnico de administración general se niegan a informar favorablemente de la concesión de licencias porque Gondomar es un municipio que no tiene planeamiento, al haber sido anulado judicialmente el que estaba en vigor y que fue aprobado en 1997.
El alcalde de la anterior corporación, Carlos Silva Mariño, también intentó obligarlas a hacerlo y, al final fue el político el que acabó condenado e inhabilitado por un presunto delito de prevaricación urbanística.
Los actuales regidores locales se basan en la vigencia de las normas subsidiarias anteriores al Plan Xeral para obligar a las dos trabajadoras a no poner objeciones para poder dinamizar el sector de la construcción en el municipio.
«Cada licencia de obra que doy genera empleos y eso puede más que lo que digan los funcionarios»
Martín Urgal