El pasado 14 de marzo, el BOE daba cuenta de seis adjudicaciones por parte del ADIF destinadas a cinco obras de alta velocidad que se realizan en España. Totalizan 310 millones que se repartieron entre Extremadura, Alicante, Asturias, Granada y el País Vasco. No es una noticia extraordinaria. Simplemente refleja cómo Fomento va repartiendo los 7.700 millones de euros consignados en los Presupuestos para obras de ferrocarril. En Galicia, en cambio, gracias a una genialidad que recuerda a la ingeniería que hizo resquebrajarse el sistema financiero internacional hace un par de años, en lugar de asignar un porcentaje adecuado de los Presupuestos, nuestros prebostes se sacan de la chistera la mayor licitación de proyecto público-privado de la historia de España. De paso, nos ponen en el escaparate del pim, pam, pum, para ver quién nos da más o mejor. Además, se engorda la cifra con un no despreciable sobrecoste de mantenimiento de 1.300 millones.
Los 330 kilómetros desde Olmedo a Ourense no van a ser los más caros de España. De momento, con 17,5 millones por kilómetro, se quedan en un discreto cuarto puesto, tras los de Barcelona?frontera francesa (27 millones), Madrid-Valladolid (22), y Córdoba?Málaga (19). La Y vasca, con 22,5 lo relegará a la quinta posición. No siendo una obra excepcional por su coste medio, ¿por qué se ha optado por un plan que nos pone en el disparadero como ejemplo de despilfarro?
Opciones
El 8% de los Presupuestos no funcionó en la etapa de la anterior Xunta, pues la ejecución nunca llegó al 5%. La Xunta actual se ha preocupado más por ver caer a un oponente que por defender con ideas la mejora del ferrocarril.
Por la situación económica, por las exigencias sobre el déficit, por la debilidad del Gobierno, por la aparente soledad del ministro Blanco, por el escaso peso político de Galicia y por la cantidad de amigos territoriales que surgen? contamos con muchos boletos para un fracaso. ¿No sería ya el momento de empezar a pensar y realizar propuestas sobre un plan b?