La portavoz sanitaria del BNG en el Parlamento, Ana Luísa Bouza, sostiene que si su grupo apoyó la ley es porque considera que Galicia tiene competencias para llevarla a cabo, y en todo caso la suspensión decretada tras la admisión a trámite mientras no se pronuncia el alto tribunal tendría sentido si hubiese una discriminación hacia los ciudadanos gallegos, algo que no ve Bouza. «Non existe ningunha discriminación, polo que non se entende a suspensión. Os cidadáns acceden aos mesmos medicamentos».