El atraso incide en la recaudación municipal en tiempos de grave crisis
22 sep 2011 . Actualizado a las 09:59 h.Los últimos datos hechos públicos por el Ministerio de Hacienda revelan que en Galicia hay 134 ayuntamientos en los que la última revisión del catastro se llevó a cabo hace más de dos décadas. La actualización de los registros inmobiliarios de cada municipio, una competencia del fisco, resulta determinante en la recaudación del impuesto de bienes inmuebles (IBI), la principal fuente de ingresos tributarios de los concellos, muy castigados ahora por la crisis. Solo los municipios de la provincia de A Coruña recaudaron por este tributo el último año unos 185 millones de euros, lo que supone casi el 19 % del total de sus ingresos.
De los 134 concellos con una revisión catastral de 1991 o anterior, 59 se hallan en la provincia de Ourense, 37 en la de Lugo, 13 en la de A Coruña y 25 en la de Pontevedra. La falta de medios humanos y materiales de la Dirección General del Catastro -dependiente de Hacienda- para supervisar el parque inmobiliario de más de ocho mil municipios españoles y 315 gallegos explica, en gran medida, la obsolescencia de un instrumento de recaudación clave. «La deficiente realización de las funciones de renovación y mantenimiento catastral ha dado lugar a que la recaudación efectiva del IBI sea muy inferior a la potencial», precisa César Fernández López, interventor tesorero de Administración Local.
A pesar de que en algunos ayuntamientos se han aplicado coeficientes actualizadores, el valor catastral es lo que sirve de referencia en la base imponible del IBI. «Esto significa que en un parque muy atrasado en su revisión hay una incidencia directa en lo que se paga del impuesto», explica Carlos Fernández, presidente en funciones de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).
«No se trata de que la gente pague más sino de actualizar algo que está obsoleto; además, el valor catastral es un 50 % inferior al de mercado y, una vez revisado, se hace durante 10 años para evitar un impacto brusco en el recibo», aclara el exregidor de Ames.
Hacienda lleva dos décadas o más sin revisar los catastros de 134 ayuntamientos gallegos, lo que suponen el 42,5 % del total existente en la comunidad. Esto significa que se incumple uno de los puntos de la Ley de Haciendas Locales, en el que se dice, expresamente, que el catastro debe revisarse, al menos, cada diez años. La insuficiencia de medios ha llevado en ocasiones al fisco a contratar externamente trabajos para revisar los registros, una estrategia, según los concellos, que apenas ha servido.