Mientras la Xunta acelera los trámites para activar de oficio las tarjetas inoperativas, los usuarios afectados pasan un mal trago, no solo al descubrir que estaban de baja en el sistema, sino porque no saben cómo solucionarlo.
Juan (nombre ficticio) prefiere no revelar su identidad. Lucense de 50 años, él y su mujer, de 45, llevan en el paro más de un año. Tienen dos niños pequeños. Hace unos meses él sufrió un infarto como consecuencia de la angustia y desde entonces está muy enfermo. Meses atrás acabaron las prestaciones económicas. La situación se agravó hace algunas semanas, cuando el hombre fue a la farmacia a buscar sus medicinas y le dijeron que su tarjeta sanitaria había sido anulada. El médico de cabecera le dio una opción: incorporarse al seguro de un familiar. Pero no es posible. Mientras el problema no se resuelve, lamenta que la familia esté sin cobertura. Y solo la medicina del colesterol cuesta 60 euros.
«Digo yo que, si administrativamente era necesario regularizar nuestra situación, se nos podría haber instado a ello, y no bloquearnos la tarjeta. Nos han dejado totalmente desprotegidos», dice Ana Fuentes, profesora que lleva más de dos años sin trabajar. El pasado 26 de octubre fue a vacunarse de la gripe y le negaron cita. No tenía cobertura desde el 6 de octubre.
Marcos Otero tiene 36 años, estudió Diseño y dejó de trabajar hace dos años para poder preparar oposiciones. Hace un mes llamó a su centro de salud para una consulta y le dijeron que no tenía médico asignado. Se acercó al centro de salud y le mandaron al INSS, de ahí a otras oficinas de la Seguridad Social y, nuevamente, al centro de salud: «No me di cuenta que era uno de los afectados hasta que lo vi en la tele». Está desactivado desde agosto.
Mercedes Amaral se encontró con la tarjeta desactivada, la atendieron, pero le dijeron que la próxima vez tendría que pagar la consulta. No le dieron receta y Cáritas le pagó los medicamentos. Carlos (nombre ficticio), carnicero en paro, 35 años. El jueves pasado fue al centro de salud. Le dijeron que no tenía derecho a médico. Que solo le atenderían si iba por urgencias y le cobrarían. María (nombre falso), tres años desempleada. Le dicen que está en prórroga 90 días tras acabar el subsidio, que no puede iniciar ningún trámite. El centro de salud y Sanidade no se ponen de acuerdo ni en la documentación requerida ni en el tiempo de los trámites.