El sosiego que imperó entre los grupos parlamentarios durante el debate y la votación de los Presupostos de la Xunta para el año 2012 no se trasladó ayer a la llamada ley de acompañamiento, que refleja las alteraciones que las cuentas producen sobre otras normativas.
Al igual que ocurrió por la mañana, el PP no tuvo problemas para aprobar en solitario esta ley, pero esta vez se encontró con una oposición más incisiva del PSdeG y del BNG, que acusaron al Ejecutivo de Feijoo de utilizar esta norma para «recortar dereitos» y para dirigir «un ataque directo á sanidade», puesto que en esta ley se fija la tarifa de 10 euros que a partir de ahora cobrará el Servizo Galego de Saúde para expedir la tarjeta sanitaria.
El debate fue seguido desde la tribuna de invitados por una veintena de integrantes de la plataforma SOS Sanidade Pública, que tras la votación desplegaron pancartas de protesta contra la «privatización» del sistema público, gesto que fue coronado desde el hemiciclo con el aplauso de algunos diputados socialistas y nacionalistas.
Fuera del recinto de O Hórreo también se concentraron otros miembros de la plataforma, que entregaron a los diputados gallegos y a los viandantes bolsas con un kit de supervivencia para ser hospitalizado, que incluía desde agua y bocadillo, hasta una esponja de baño y champú.
Durante su intervención en el debate, la diputada socialista María José Caride criticó que el Ejecutivo gallego haya recurrido un año más a la fórmula de la ley de acompañamiento para introducir por la puerta trasera modificaciones legales que son, a juicio de Caride, «un ataque aos dereitos dos cidadáns». El nacionalista Carlos Aymerich criticó que las rebajas fiscales para la compra de vivienda no se hagan en función de la renta, mientras que el diputado del PP Alberto Sueiro despachó el debate diciendo que esta ley está concebida para «mellorar a xestión da Administración galega».