Los alcaldes populares de Friol, Outeiro de Rei, Guntín y O Corgo quieren conservar espacios propios, por reducidos que sean, en la antigua cárcel del partido judicial y rechazan la posibilidad de llegar a un acuerdo económico con el Ayuntamiento. Así se lo hicieron saber ayer al alcalde lucense, José López Orozco, en la reunión que mantuvieron y en la que expuso que si no hay acuerdo para la compra-venta, el Concello lucense recurrirá a la vía de la expropiación. El presidente de la corporación friolense, el popular Antonio Muíña, anunció que los ayuntamientos que no quieren vender defenderán sus derechos por la vía legal.
De la reunión, López Orozco dijo que entre los alcaldes de los demás municipios que son copropietarios de la antigua prisión hubo dos posturas. Por un lado, los que aceptaron su propuesta para efectuar una valoración del edificio y, por tanto, de la parte correspondiente a cada uno. Si están de acuerdo, el Ayuntamiento comprará. La otra postura es la mantenida por los alcaldes de Friol, O Corgo, Guntín y Outeiro de Rei. Según entendió Orozco, quieren disponer de un local de 40 metros cuadrados o menos para cada uno de ellos y de una sala de usos múltiples.
El alcalde lucense destacó que el edificio es parte fundamental en el proyecto que presentará al programa Urban y necesita disponer de la propiedad de todo el inmueble. Además, en su opinión, resultaría muy complicado repartir los gastos de mantenimiento y tampoco sería fácil -señaló- tener una parte de la antigua cárcel en continuo uso y otra cerrada casi siempre. A los alcaldes a los que hizo de portavoz Muíña les dijo que su propuesta es inviable.
López Orozco asegura que en muy breve plazo enviará la propuesta de valoración a los distintos alcaldes. En aquellos casos en que no sea aceptada, pondrá en marcha el proceso expropiatorio. El hecho de abrir esta vía frente a otras instituciones no cree que provoque problemas, o al menos así se lo indicaron -señaló- los técnicos municipales.
Además de los ya citados, tienen parte en la propiedad de la antigua cárcel los municipios de Castroverde, Castro de Rei y Pol. El Ayuntamiento de Lugo tiene el 30,82% de la propiedad.
Plazos
El presidente de la corporación municipal lucense se mostró convencido de que no habrá problemas para disponer a tiempo de la propiedad del inmueble para la tramitación de la solicitud del Urban. La superficie total es de 2.489 metros cuadrados. López Orozco recordó que quiere que la antigua cárcel sea un espacio multifuncional, dedicado fundamentalmente a actividades culturales y a la juventud. Entre otras dependencias, quiere que tenga una sala con alrededor de 130 butacas, en la que pueda haber conciertos, presentaciones de libros, etcétera. Pretende también disponer de un lugar adecuado para recepciones oficiales. El resto de las dependencias quiere que sirvan para exposiciones. Aludió también a la necesidad de un espacio para una Casa das Linguas en el centro de la ciudad.
La reunión de ayer fue «amigable», en palabras de López Orozco, que dijo que «é lóxico» que cada alcalde defienda los derechos de su municipio como crea más adecuado.