Numerosas personas no tienen quien las recoja tras recibir el alta médica en los centros asistenciales
14 abr 2008 . Actualizado a las 11:28 h.El número de ancianos que acaban abandonados aumenta año tras año. La fiscalía lucense detectó un incremento notorio de casos de personas que pasaron por los hospitales de la provincia para ser curadas de alguna enfermedad que y, tras recibir el alta médica, no tienen quien las recoja. Esta situación es especialmente más notoria en el complejo hospitalario Xeral Calde de la capital de la provincia.
Según la fiscalía, en estos casos, además de una posible causa de discapacitación, se produce una situación de abandono. Son los servicios sociales de los centros los que dan cuenta al ministerio público.
Una asistente social, que solicitó no fuese facilitada su identidad expresó que, a menudo, se encontraban con personas mayores que fueron quedando solas, que están enfermas y que nadie se hace cargo de las mismas. En ocasiones es porque carecen de familia y en otras porque ésta se desentiende. «Aunque parezca lo contrario, hay bastantes casos en que los familiares, por una serie de razones, no quieren saber nada. Ante una situación así son los servicios sociales los que tenemos que afrontar una solución que pasa generalmente por el ingreso en residencias en las que, como se sabe, hay gran necesidad de plazas», explicó esta misma fuente.
La misma trabajadora social comentó que hay casos conmovedores como, por ejemplo, el personas que son abandonadas por su familia «por el simple hecho de no querer hacer testamento o porque sus cuidados exigen muchos esfuerzos, o porque no quieren entregar sus ahorros». En un porcentaje muy alto, los afectados se encuentran en condiciones físicas precarias y es necesario tramitar su incapacidad.
Sección de incapacidades
La fiscalía lucense dispone de una sección de incapacidades de la que se encargan dos fiscales. Tiene dos delegaciones territoriales en Monforte y Mondoñedo, con la finalidad «de proporcionar una mejor solución a la problemática que encierra en muchas ocasiones esta materia y, a la vez, conseguir un mayor acercamiento del Ministerio Público a las distintas instituciones y particulares que, en cumplimiento de su deber, acuden a la fiscalía para poner en conocimiento la existencia de personas que pueden estar incursas en causas de incapacitación».
Como diligencias informativas de presunta incapacidad o recapacitación, durante el año pasado fueron incoadas en la fiscalía lucense un total de 133 de las cuales 103 condujeron a la presentación de la demanda de incapacitación. Las demás están a la espera de la documentación necesaria porque la presentada por los familiares o los servicios sociales es insuficiente.
Los fiscales notaron una mayor colaboración de todas las instituciones y servicios sociales, «a diferencia de lo que ocurría en años anteriores». La fiscalía llegó a quejarse de la actuación de algunos asistentes sociales por no tramitar los informes que les solicitaban.
La sección de Monforte incoó el año pasado 44 diligencias informativas de las cuales 29 acabaron en solicitud de incapacidad. Nueve fueron archivadas y tres fueron inhibidas a otras fiscalías por encontrarse los presuntos incapaces domiciliados en su demarcación territorial. En la adscripción de Mondoñedo, fueron abiertas un total de 54 de las cuales 45 fueron convertidas en demandas de incapacidad.
En la mayoría de las ocasiones las diligencias informativas son abiertas por la fiscalía por la comunicación y remisión de documentación, tanto de los servicios sociales como de los distintos centros de cogida de personas mayores.
También se producen muchos casos de familiares que acuden a la fiscalía comentando la situación de sus allegados. En ocasiones el fiscal actúa de oficio, solicitando la deducción de testimonio de procedimientos penales.
Durante el año pasado aumentó de forma muy destacada, según la fiscalía, la petición de medidas cautelares, en especial las relativas al internamiento del presunto incapaz en un centro adecuado y el nombramiento de administrador judicial de los ingresos mensuales, generalmente una pensión.