Representantes de asociaciones críticas con el desarrollo urbano de Lugo analizaron ayer supuestas irregularidades y anomalías en algunos ámbitos y en el PXOM
01 jul 2010 . Actualizado a las 02:00 h.Seguramente hay más, pero los que ayer se reunieron en el salón de actos del Instituto Politécnico son algo así como los colectivos que ejercen de conciencia crítica del urbanismo lucense. Detrás de la mesa, en el escenario, se sentaron Marcos Bourio, de la Asociación en Defensa do Parque; José Cabanas, de la Asociación por la Legalidad del Plan Urbanístico de Lugo; Carlos Portomeñe (la cara más conocida de EU en Lugo), del colectivo Contracorrente; Valentín Arias, de la Unión de Asociacións Veciñais, y Teresa Aguirre, de O Lodeiro, de Viveiro. El público lo formaban algo más de sesenta personas de muy distintas edades. En todas las intervenciones, un nexo común: el urbanismo lucense, no sólo el de la capital, bajo sospecha y, en gran parte, en espera de resoluciones judiciales o de ejecución de sentencias.
Marcos Bourio resumió como mejor pudo cinco años de batallar contra lo que la asociación a la que representa considera graves irregularidades en el planeamiento del desarrollo de la unidad de intervención CS-5, es decir, de la finca O Garañón, al pie del parque de Rosalía. Explicó cuál es la situación actual, de la que ya se ha informado ampliamente. Hubo en su intervención un cierto aire de reproche a la operatividad de la Justicia, con mención especial al papel de la fiscalía de Lugo. Una vez más confirmó que su asociación hará llegar una queja a la Comisión de Justicia de la Unión Europea. Han superado muchas dificultades, y van a seguir adelante. No dejó de indicar que también están convencidos de que en un edificio inmediato a la citada unidad, que da a la segunda ronda, también hay anomalías. A los políticos les pidió más cercanía a la sociedad y también más responsabilidad.
La presidenta de la asociación O Lodeiro, Teresa Aguirre, explicó el calvario que sufren los residentes en edificios sobre los que pesa orden judicial de derribo, ya ratificada por el Tribunal Supremo. A la espera de que el cambio de planeamiento urbanístico en Viveiro permita la legalización de estos inmuebles, relató cómo los propietarios (ella es uno de ellos) se enteraron de la primera sentencia favorable al derribo por la prensa. Un problema de tramitación de la licencia (no se hizo el obligado estudio de detalle), que ellos desconocían, dio pie a la citada sentencia.