La condena se produce por el allanamiento del domicilio de Montesinos.
12 dic 2007 . Actualizado a las 09:19 h.En una histórica sentencia, la primera que se dicta en su contra desde que fuera extraditado, un tribunal peruano condenó hoy al ex presidente Alberto Fujimori a seis años de prisión por el allanamiento ilegal de la casa de la mujer de su ex asesor Vladimiro Montesinos.
La sentencia, dictada por el vocal supremo Pedro Urbina, también obliga al ex mandatario a pagar 400.000 nuevos soles (133.000 dólares) como reparación civil al Estado y lo inhabilita para ejercer cargos públicos por dos años.
Ésta es la primera condena que recibe el ex jefe de Estado (1990-2000) desde que fue extraditado el 22 de septiembre pasado desde Chile para afrontar juicios por dos delitos de violación a los Derechos Humanos y cinco de corrupción.
Al conocerse la sentencia, que se cumplirá el 21 de septiembre de 2013, el ex gobernante anunció que presentará un recurso de apelación parcial a la condena y a la reparación civil impuesta.
El tribunal consideró probado que el 7 de noviembre de 2000, después de que Montesinos huyera de Perú tras difundirse unos vídeos que confirmaban su implicación en actos de corrupción, Fujimori ordenó a un grupo de la policía, encabezado por un falso fiscal, que revisara la casa de Trinidad Becerra, esposa Montesinos.
También ordenó la entrada en otro piso del mismo edificio, ubicado en el distrito capitalino de San Isidro, de donde se extrajo una gran cantidad de maletas y cajas que fueron retirados del lugar sin ser inventariadas ni levantarse un acta, las que fueron entregadas al ex presidente.
Se presume que entre las cosas que el destacamento policial encontró había evidencias y pruebas fílmicas de la supuesta participación del ex mandatario en actos de corrupción, las cuales aparentemente se llevó consigo a Japón en el 2000.
Por este caso ya están condenados el ministro del Interior durante el mandato de Fujimori, Fernando Dianderas y el ex primer ministro Alberto Bustamante, sentenciados a cuatro y tres años de cárcel, respectivamente, así como el falso fiscal durante el allanamiento, Manuel Ubillús, con siete años de prisión.