Horas después de que su primo fuera detenido acusado de nexos con paramilitares, el presidente Álvaro Uribe reveló que las autoridades investigan la denuncia de un preso que lo acusa de participar en una reunión para planear una masacre de 15 campesinos en 1997.
«Por allá resultó un bandido, diciendo que yo me había reunido con él, con Mancuso [ex líder paramilitar] y con varios generales para preparar la masacre del Aro», declaró ayer Uribe a una radio nacional. El mandatario desestimó la acusación realizada por el ex paramilitar Francisco Villalba, condenado a 33 años por la masacre del Aro y a 37 por la de Balsitas, y anunció que su equipo está reconstruyendo sus actividades durante esa fecha para ponerlas a disposición de la Justicia.
Al parecer, en la declaración, donde se implica también al hermano del presidente, Santiago Uribe, hay algunas inconsistencias. «Desde el año 88 la fuerza pública sabe dónde he ido, dónde he dormido y con quién me he reunido», añadió el mandatario, aclarando que en esa época no se podía desplazar por tierra como afirma el paramilitar.
Reforma en el Congreso
Uribe lleva varios días reuniéndose con congresistas para acordar una reforma política que evite la infiltración de grupos armados y narcotráfico en el Congreso ante el escándalo de la parapolítica. Entre otras propuestas el mandatario no descarta anticipar las elecciones, pero se negó a convocar una asamblea nacional constituyente como solicita la oposición.
Las investigaciones a 54 congresistas uribistas por vínculos con los paramilitares no han disminuido el apoyo de los colombianos a Uribe, que sigue siendo, según las encuestas, del 84%. Algunos congresistas están recogiendo firmas para propiciar su segunda reelección, sin embargo, Uribe evitó pronunciarse al respecto aunque aclaró que no es partidario de «estar tocando la Constitución a todas horas».
Sobre la detención de su primo y socio político la madrugada de ayer, después de que Costa Rica le negara asilo político, el presidente declaró que le «duele», pero apoya las decisiones de «las otras ramas del poder público». La Fiscalía acusa a Mario Uribe de «concierto para delinquir por acuerdos para promover grupos armados al margen de la ley», sin posibilidad de excarcelación.
El encierro el martes en la embajada de Costa Rica no hizo más que empeorar la situación, pues allí se reunieron familiares de víctimas de los paramilitares solicitando su inmediata detención y entonando arengas contra el propio Uribe. Los familiares suelen portar ladrillos blancos donde se lee la fecha y el nombre de un desaparecido. Estos acabaron sobre el coche en que supuestamente salió el ex senador Mario Uribe rumbo a la cárcel de La Picota, en Bogotá.
La Fiscalía basa su acusación en dos casos concretos. En el primero, el ex paramilitar Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri , que se encuentra en Canadá, declaró ante el Supremo que Mario Uribe trató con paramilitares para comprar tierras baratas en Antioquia, su departamento natal y también el del propio presidente, y Córdoba. El segundo caso se basa en los testimonios del líder paramilitar Salvatore Mancuso, quien relató que Mario se reunió con él en dos oportunidades para hacer una coalición política con la ex congresista, ahora en prisión, Eleonora Pineda, antes de las elecciones del 10 de marzo del 2002.