Histórica condena a 150 años contra un ex militar guatemalteco por el genocidio de indígenas

Milagros López de Guereño

INTERNACIONAL

02 sep 2009 . Actualizado a las 02:00 h.

Un tribunal de justicia de Guatemala dictó una sentencia histórica al condenar a 150 años de prisión al ex militar Felipe Cusanero por la desaparición forzada de seis campesinos en los años ochenta, cuando el país vivía sumido en una sangrienta guerra civil.

Cusanero era un civil designado por el Ejército «comisionado militar» con mando sobre 40 soldados para vigilar a los habitantes de Chimaltenango, una zona a 40 kilómetros al oeste de Ciudad de Guatemala. Actualmente se hallaba en libertad bajo fianza.

Entre el 5 de noviembre del 1982 y el 28 de octubre del 1984 fueron desapareciendo los campesinos Lorenzo Ávila, Alejo Culajay, Filomena López, Encarnación López, Santiago Sutuj y Mario Augusto Tay.

«Nosotros no buscamos venganza, buscamos la verdad y la justicia», dijo Hilielón López. Su hija Encarnación fue detenida por soldados en marzo del 1984. Desde entonces, nunca más se le vio.

La condena sentó precedente: 25 años de cárcel por cada uno de los desaparecidos. Además, invita a la sociedad guatemalteca a ilusionarse por la victoria sobre la burocracia y la impunidad campante en la depauperada nación que del 1960 al 1996 sufrió una lucha fratricida entre guerrillas de izquierda y el Gobierno.

Miles de víctimas indígenas

Actualmente, el 98% de los más de 6.000 asesinatos cometidos anualmente quedan sin castigo. Las víctimas, en su mayoría indígenas mayas, se contaron por miles. El clamor por conocer la verdad fue tan grande que Naciones Unidas auspició la instalación de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. El informe presentado en 1999 sobre las violaciones de los derechos humanos concluyó que se cometieron 669 matanzas que dejaron más de 200.000 muertos y más de 45.000 desaparecidos durante los 36 años de contienda. Según la ONU, los militares cometieron el 80% de los crímenes.

Sin embargo, solo una veintena de familias se atrevieron a interponer una demanda judicial. A las seis que el lunes recibieron respuesta se suman otras 13 que imputan a ex militares y policías por «desaparición forzada de personas», incluido como delito en la legislación adoptada tras la firma de los acuerdos de paz.

Sospechan que Cusanero participó en más matanzas, pero no han presentado nuevas denuncias. El juicio sufrió un retraso de 15 meses por las apelaciones de la defensa hasta el lunes. El panel de tres jueces de esa zona del país centroamericano leyó el veredicto, basado en las pruebas aportadas por el informe de la ONU, ante decenas de pobladores mayas y familiares de las víctimas.