Los palestinos se congratulan, mientras el Gobierno de Tel Aviv afirma que perjudicará el proceso de paz
17 oct 2009 . Actualizado a las 02:00 h.El Consejo de Derechos Humanos de la ONU respaldó ayer por escasa mayoría el informe sobre crímenes de guerra cometidos por Israel y Hamás durante la última ofensiva en Gaza. La decisión fue acogida con satisfacción por los palestinos y rechazada por el Gobierno israelí, que reivindica lo que considera su derecho a la legítima defensa. Del total de 47 países miembros, 25 (árabes, africanos, China, la India y Brasil) respaldaron la investigación del juez Richard Goldstone. Otros seis miembros la rechazaron (entre ellos EE?.UU.), mientras que once se abstuvieron y los cinco restantes (entre ellos Francia y el Reino Unido) se negaron a participar.
«Confirma el apoyo de la comunidad internacional a los derechos de los palestinos», declaró Nabil Abu Rudeina, portavoz del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás. Todos los partidos, incluido Hamás, coincidieron por una vez al declarar la victoria.
Muy distinta fue la reacción de Israel. Se «ignora el hecho de que el Ejército israelí tomó medidas sin precedentes para evitar dañar a civiles», subrayaba un comunicado del Ministerio de Exteriores en referencia a una ofensiva que dejó cerca de 1.400 muertos palestinos y 13 israelíes. El informe «perjudica los esfuerzos de promover la paz en Oriente Medio», añadía.
El informe Goldstone llama a acometer investigaciones independientes para esclarecer los crímenes de guerra perpetrados entre diciembre y enero. Tanto la ANP, que controla Cisjordania, como Hamás, que domina de facto la franja de Gaza, se declaran dispuestos a ello, pero Israel se niega. En caso de que no se realicen estas investigaciones, el informe invita al Consejo de Seguridad de la ONU a llevar el caso al Tribunal Penal Internacional. En el muy hipotético caso de que esto ocurriera, se abriría el paso al enjuiciamiento de líderes militares y políticos israelíes fuera de sus fronteras.
La votación se produjo en una sesión extraordinaria convocada a petición de los representantes palestinos después de que estos optaran hace dos semanas por retrasar la decisión hasta marzo. Se desencadenó entonces un terremoto político con su epicentro en el presidente Abás, quien se vio obligado a reconocer su error.
Todo indica que la presión de Washington, donde se considera que el informe obstaculiza las negociaciones de paz, empujó a Abás a respaldar el aplazamiento.