Polémica en Italia por la decisión del Gobierno de rehabilitar a Craxi, ex primer ministro condenado por corrupción

El décimo aniversario de la muerte en Túnez del que fue jefe del Gobierno italiano entre 1983 y 1987, el socialista Bettino Craxi, se celebra en medio de la polémica sobre su figura. Emblema del mayor escándalo que azotó a la clase política italiana en los noventa -el caso Tangentopoli (ciudad de los sobornos)-, huyó de la Justicia, tras ser condenado a cinco años por corrupción.

El Gobierno italiano rehabilitó ayer al controvertido líder con una ceremonia oficial en el Senado a la que no faltó uno de los hombres que más deben a Craxi, el presidente del Gobierno, Silvio Berlusconi, que gracias a la amistad que los unía consiguió la ley que permitió a sus cadenas de televisión emitir en todo el territorio nacional. También acudieron varios ministros, subsecretarios y políticos del Partido de la Libertad, y antes militantes socialistas, como Fabrizio Cicchitto o la hija de Craxi, Stefania. El opositor Partido Democrático envió al acto una representación encabezada por su jefa en el Senado, Anna Finocchiaro.

Según el presidente del Senado, Renato Schifani, Craxi fue el «chivo expiatorio» ofrecido para resolver una crisis «moral e institucional» que afectó a todo el sistema político italiano. La figura del político socialista «ha pagado más que los otros las culpas que eran de todo el sistema político» y con él «no hubo piedad», dijo. «Los años transcurridos permiten un juicio histórico más sereno y objetivo que en aquellos momentos ya lejanos no pudimos hacer», explicó Schifani.

Después intervino Stefania Craxi, quien destacó el mensaje del presidente italiano, Giorgio Napolitano, en él que «restituye a Craxi y sus méritos y abre la vía a una pacificación nacional», para añadir que su padre «forma parte de la historia positiva de nuestra República». Napolitano envió una carta a la familia de Craxi, en la que afirmaba que sobre él se había ejercido una dureza sin igual, y que emocionó a su viuda que aún vive en Túnez.

La voz crítica la alzó el partido de Antonio di Pietro, Italia de los Valores, para quienes «no se puede santificar a un delincuente fugitivo». El ex magistrado fue uno de los responsables de la operación Manos Limpias contra la corrupción política. Con sus investigaciones en 1992 acabó con el sistema de sobornos alimentado tanto por el PSI como por Democracia Cristiana.

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