Los grupos de presión del sector nuclear en Alemania salieron de un sorprendente silencio y contraatacaron llevando a la Justicia la decisión de cerrar los reactores atómicos más viejos del país, anunciada por la canciller Angela Merkel en respuesta al accidente de la central japonesa de Fukushima.
El número dos del sector, RWE anunció ayer que había presentado un recurso judicial contra el cierre forzado de uno de sus reactores. «Las centrales nucleares alemanas cumplen las condiciones de seguridad en vigor. Falta un fundamento jurídico para su cierre», afirmó el grupo.
Según cálculos de expertos, las operadoras ganan cerca de un millón de euros por día con una planta cuyos costes ya han sido amortizados.
El Gobierno alemán ordenó hace dos semanas el cierre durante al menos tres meses de los siete reactores más viejos para un examen en profundidad de su seguridad. Esta decisión concierne a dos reactores de RWE, Biblis A y Biblis B, en Hesse. Como el reactor Biblis B ya estaba fuera de servicio por mantenimiento, el cierre forzado solo afecta a Biblis A.
El número uno alemán de la energía, EON, que tiene dos reactores afectados por la decisión del Gobierno, acordó no recurrir la medida de forma directa. Pero podría atacar con un impuesto sobre el combustible nuclear, a modo de compensación en contrapartida por la prolongación en doce años de la vida de 17 reactores nucleares, acordada el año pasado por la coalición entre conservadores y liberales liderada por Merkel. Ahora esta prolongación no es segura y además parece que las centrales cerradas no serán autorizadas para volver a funcionar.
Según muchos juristas, RWE tiene posibilidades de ganar ante la Justicia. «El fundamento jurídico elegido por el Gobierno es muy problemático», explicó Martin Morlok, profesor de Derecho en Dusseldorf, ya que «se apoya en un artículo de ley según el cual debe existir un peligro inmediato para la vida de las personas que requiere el cierre de una reactor. Por un lado, ese peligro inmediato no está probado. Por otro, si un reactor es considerado peligroso, hay que cerrarlo definitivamente, no solo tres meses», estimó.