Los ayuntamientos, ante esta situación de crisis, tendrán que hacer los deberes, una obligación largamente demorada por la bonanza económica, que producía crecientes ingresos. De hecho, el panorama de déficit presupuestario se debe a la disminución de los ingresos y el mantenimiento o, incluso, crecimiento de los gastos. Y la solución a esta dilema no es otra que la que afrontaría una familia en la que se ingrese menos dinero del que venía siendo habitual.
Para optimizar los ingresos, los concellos han de subir los impuestos y ajustar las tasas. En materia tributaria, han de usar la capacidad impositiva que les permite la Ley de Haciendas Locales. Por ejemplo, el tipo de IBI en la mayoría de los ayuntamientos gallegos es el mínimo legal, mientras que en los concellos catalanes suelen establecer los máximos. Lo mismo debo decir del impuesto sobre el tráfico de vehículos. Si queremos que la Fegamp sirva para algo más que para un ocasional cocido, debería aconsejar un tipo de impuesto alto e igual para todos los ayuntamientos, aunque solo fuera para garantizar la igualdad tributaria de los gallegos. El impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos, la llamada plusvalía en las transmisiones inmobiliarias, quizás sea mejor no tocarlo ante el desmoronamiento actual del mercado inmobiliario -¡Virgencita, que me quede como estoy!-. Por último, las tasas por prestación de servicios deben acomodarse al efectivo coste de estos. Al mismo tiempo, debe hacerse una campaña de educación tributaria para que la ciudadanía comprenda que no es caro pagar un euro por un metro cúbico de agua depurada y puesta en casa, cuando un litro de agua envasada cuesta en el supermercado 50 céntimos. Los ayuntamientos de Barbanza que conozco, casi todos, tienen tarifas cuyos rendimientos no cubren ni siquiera el 50% del coste de la explotación del servicio.
Por otro lado, los gastos han de reducirse. En cuanto al personal, siempre sostuve que los funcionarios deben ser pocos y bien pagados. Sin embargo, en los últimos tiempos se hizo lo contrario. No se puede aceptar, por ejemplo, que en los departamentos de urbanismo haya el mismo personal ahora que en la época del bum inmobiliario.
Por último, las inversiones deben mantenerse o incrementarse si es posible, pero sin acudir al crédito. Pero estas inversiones deben deben orientarse no a gastos de ocio sino a servicios productores de ingresos -como el abastecimiento, por ejemplo- o reductores de gastos. Así como a infraestructuras necesarias como los polígonos industriales, en caso de que haya demanda efectiva de suelo. También a generadores de mano de obra. Debemos exigir a los grupos políticos programas de actividad para enfrentarse, desde sus modestos puestos, a la crisis económica. Y a la necesidad de generar puestos de trabajo efectivo, no puestos de gasto o de paro encubierto.